El sector industrial envasador y exportador de aceite de oliva español agrupados en ANIERAC y ASOLIVA ha exigido la mejora de las garantías jurídicas que genera la aplicación oficial del método de cata.
Según han señalado, «el sector envasador y oleícola se ve afectado por reiteradas acusaciones, tanto en mercados nacionales como internacionales, a causa de las discrepancias de los resultados de las catas», lo que supone graves perjuicios para la imagen de las empresas y para la reputación del sector.
El aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra son los únicos productos agroalimentarios que legalmente requieren de una valoración organoléptica, es decir, donde se emplean los sentidos olfativo y gustativo para poder distinguir una categoría comercial de otra.
La evaluación consiste en una cata basada en un panel de catadores y regulada por el COI donde se establecen una serie de requisitos para ser «lo más objetivo posible». No obstante, según ambas asociaciones, en la práctica el panel test ha demostrado que tiene serios problemas por la variabilidad de resultados.
Por ello, ANIERAC y ASOLIVA han pedido a la Administración española, a la Unión Europea y al COI (Comité Oleícola Internacional) que trabaje «activamente» para mejorar el método de cata y su aplicación para poder ofrecer mayores garantías jurídicas a los envasadores y evitar que el sector se vea perjudicado por «falsas o dudosas» acusaciones.
Actualmente no existen soluciones o modificaciones legales que mejoren la situación de la aplicación del método de cata
En este sentido, las asociaciones han recordado que la preocupación de la industria española es «máxima» desde hace años y que actualmente no existen soluciones o modificaciones legales que mejoren la situación de la aplicación del método de cata.
ANIERAC y ASOLIVA se reunieron ayer -15 de marzo- en Madrid para reflexionar sobre la situación del sector industrial español del aceite. En el encuentro participaron más de 90 empresas -que forman parte de ambas asociaciones- que aseguraron que la industria no se opone a la prueba del panel test pero está en contra de su aplicación porque provoca inseguridad jurídica a las empresas y los consumidores.
