La organización agraria UPA ha valorado positivamente el Real Decreto de autorregulación del aceite aprobado -este martes- por el Consejo de Ministros, pero defiende que se puedan limitar los rendimientos de producción cuando sea necesario. Por su parte, Unión de Uniones rechaza la norma de regulación y reclama un plan real de contingencia para abordar la crisis.
Por un lado, para la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) el Real Decreto aprobado que articula la autorregulación del mercado del aceite de oliva debe convertirse en una herramienta de futuro para mejorar la estabilidad de la rentabilidad de los olivareros.
A falta de conocer los últimos detalles del texto, UPA considera necesario que “de manera inmediata” el Ministerio de Agricultura trabaje “mano a mano” con el sector para su puesta en marcha. “Ahora es el Ministerio el que tiene la potestad de legislar en este sentido, y permitir al sector regular la cantidad total de aceite de oliva que se pone en el mercado y aquella que se retira del mismo”.
Sin embargo, según la organización, todo parece indicar, que el Ministerio de Agricultura ha optado finalmente por la solución de regular la cantidad que se retira, eliminándose del texto definitivo la posibilidad de limitar los rendimientos de producción en aquellas campañas que se considerase necesario. UPA se posiciona a favor de mantener esa posibilidad, como un elemento de defensa del olivar tradicional, frente al intensivo y superintensivo.
Unión de Uniones rechaza la norma
Por otro lado, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha mostrado su disconformidad respecto a la norma de regulación del sector de aceite de oliva tal y como se ha aprobado.
La organización considera que los instrumentos que contempla no servirán para revertir la crisis de precios que vive el sector. A su juicio, imponer la retirada o el uso no alimentario de aceite sin contraprestación ninguna a los productores, no es garantía de mejora del mercado y, tal y como se plantea, perjudica sobre todo al olivar tradicional, extensivo y de menor rendimiento.
La organización critica que no hay antecedentes que avalen los efectos positivos de las medidas de regulación aplicadas en el sector del aceite de oliva; todo lo contrario, ya que el almacenamiento privado realizado por la Comisión a principios de 2020, costó cerca de 30 millones de euros y no logró evitar que los precios descendieran un 9% y las importaciones aumentasen un 164%.
