ASAJA Córdoba ha valorado muy positivamente que la Delegación del Gobierno en Andalucía haya publicado la Ordenación de Circulación, Recepción y Venta de productos en las campañas agrarias.
Entre otros puntos, la normativa precisa que “todo conductor o transportista de aceituna llevará consigo una autorización para el transporte de la misma, expedida por la asociación agraria o cooperativa a la que pertenezca el titular de la explotación de donde proceda el fruto o bien por el propio titular, en el caso de que no pertenezca a ninguna asociación o cooperativa”.
El presidente de la organización en esta provincia, Ignacio Fernández de Mesa, ha destacado que “esta reivindicación de la organización persigue acabar con los robos en el campo, fundamentalmente en la campaña de la aceituna”.
El texto recoge que “es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía la ordenación del transporte terrestre y la regulación de los procesos de producción, trazabilidad de los productos agroalimentarios, la lucha contra el fraude en la comercialización, así como la vigilancia, inspección y control de los comportamientos comprendidos en estas competencias”.
Sin embargo, añade que actualmente, “la Junta de Andalucía no ha aprobado la normativa completa en relación a ello, por lo que existe en algunos casos un vacío legal en relación a los requisitos que deben cumplir los transportistas de este tipo de productos”.
Por ello, la Delegación del Gobierno, dentro de sus competencias de seguridad ciudadana y orden público, ha publicado esta ordenación con los objetivos de “proteger los derechos de los agricultores sobre sus frutos, evitar que los productos agrarios sobrantes en el suelo después de la recogida de la cosecha y en los casos en que por su escasa cuantía no sea recolectada, queden desprovistos de utilidad social”.
Entre otros puntos, la ordenación recomienda al receptor solicitar la exhibición y depósito de la autorización de transporte del agricultor que acredita la procedencia del fruto que recibe. Si en el puesto de compra se recibiera alguna partida del producto agrario sin autorización, se dará cuenta a los agentes de la autoridad para facilitar la labor preventiva y de investigación de hechos delictivos. Además, los puestos de compra de productos agrarios habrán de pertenecer a un centro de compra vinculado a una almazara o a un operador en origen.
En cuanto a la vigilancia y control, el documento recoge que “cada subdelegación del Gobierno dispondrá de los oportunos servicios de vigilancia y control, tanto en los medios rurales como en los puestos de compra, almazaras y carreteras, a efectos de evitar que se encubran situaciones de aprovechamiento ilícitas que pueden tener su origen en acciones delictivas de hurto o robo de estos productos o que pongan en peligro la seguridad vial”.
