El Parlamento Europeo y la todavía presidencia maltesa del Consejo de la UE consiguieron finalmente, el 28 de junio, llegar a un acuerdo para la revisión de la normativa comunitaria sobre la agricultura ecológica. Tras varios años de negociaciones existía el riesgo de que el proyecto quedara abandonado.
El compromiso incluye controles más estrictos en toda la cadena de abastecimiento, nuevas reglas anticontaminación y la exigencia de que los productos importados respeten las normas europeas.
En lo que respecta a los controles, estarán basados en los riesgos. Se realizarán a todos los operadores al menos una vez al año, aunque la frecuencia será de una vez cada dos años en el caso de aquellos que no hayan estado implicados en casos de fraude en un periodo de tres años.
Los productos ecológicos importados deberán respetar las normas europeas, pero habrá un período transitorio de cinco años para permitir la adaptación de los operadores (actualmente se aplican reglas de equivalencia, según las cuales los productos de países terceros deben respetar normas similares, aunque no idénticas, a las europeas).
En cuanto a las medidas anticontaminación, el acuerdo establece que los agricultores deberán aplicar medidas de prevención para evitar la contaminación por pesticidas o abonos no autorizados. Si se detecta su presencia, el producto final solo podrá etiquetarse como ecológico tras la correspondiente investigación; si se comprueba que la contaminación ha sido deliberada o que el agricultor no aplica las medidas preventivas, el producto perderá la calificación de ecológico. Por otro lado, los Estados miembros que aplican umbrales de sustancias no autorizadas pueden seguir haciéndolo.
Este texto debe ser adoptado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo y entrará en vigor el 1 de julio de 2020. Cuatro años después, la Comisión presentará un informe sobre la eficacia de las normas aprobadas y, en caso necesario, nuevas propuestas.