El Ministerio de Agricultura y la mayor parte del sector del vino (salvo la Unión de Pequeños Agricultores y alguna asociación empresarial) han llegado a un acuerdo para dar salida a los excedentes de vinos sin indicación geográfica almacenados en Castilla-La Mancha.
La solución será una destilación obligatoria de hasta 4 millones de hectolitros destinada a fines energéticos o industriales cuyo coste correrá a cargo del sector.
El vino a retirar será de la campaña 2013/2014 y de aquellos productores que hayan obtenido un rendimiento medio alto en la declaración de producción de esta campaña y tengan existencias en el momento de su retirada.
Productores de vino y destiladores deberán suscribir un contrato de entrega y el vino se entregará a las destilerías antes de una fecha a determinar.
El acuerdo contempla también otra serie de actuaciones para regular la oferta y mejorar la organización del mismo.
Entre ellas figura la de acelerar la normativa para el reconocimiento de organizaciones de productores en este sector, constituir la interprofesional, estudiar la posibilidad de limitar el incremento del potencial de producción en las superficies que han sido objeto de reconversión o establecer pagos diferenciados en función de la calidad.
Las organizaciones ASAJA y COAG y Cooperativas Agroalimentarias consideran que la solución acordada no es la ideal pero sí necesaria para resolver este problema de excedentes.
La Unión de Pequeños Agricultores no se sumó al acuerdo porque, en su opinión, debería haberse procedido a una destilación de crisis con ayudas del Ministerio.
La Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha ha rechazado este modelo de destilación sin ayudas porque, en su opinión, genera inseguridad en el mercado y afecta negativamente a los precios.
El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, estima que la medida no resolverá los problemas del mercado y será muy perjudicial económicamente para ciertos productores porque prácticamente equivale a tirar el vino.
