Para reforzar la aplicación de los capítulos de desarrollo sostenible que figuran en los acuerdos comerciales de la UE, la Comisión Europea presentó hace unos días un nuevo enfoque mediante el que pretende imponer normas más estrictas con sanciones (como último recurso). El seguimiento y la aplicación de estas disposiciones, adaptadas a los puntos de partida de cada socio, implicarán estrechamente a la sociedad civil. Los colegisladores deben ahora aprobar estas propuestas.
En el marco de la revisión de la política comercial de la UE (lanzada en 2021), la Comisión Europea propuso un nuevo enfoque de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales (TSD) de la UE, en el que pretende reforzar la eficacia y la aplicación de las normas actuales.
Basándose en los resultados de un estudio comparativo independiente de siete países socios de la UE y en una consulta pública, Bruselas pretende imponer, como uno de los puntos clave de esta revisión, disposiciones más estrictas y sanciones en materia de medio ambiente y de normas sociales. Esta voluntad quedó ya demostrada con la creación, en 2020, de la función de jefe de servicio encargado del Comercio y del punto de entrada único (un punto de contacto centralizado para todas las partes interesadas con sede en la UE que deseen presentar una denuncia, entre otras cosas, por el incumplimiento de los compromisos del TSD).
Sanciones como último recurso
Frente a los reiterados llamamientos de ciertos Estados miembros, entre ellos Francia, y de varias partes interesadas para reforzar la aplicación formal de las disposiciones de sostenibilidad, el Ejecutivo europeo decidió incluir la posibilidad de aplicar, como último recurso, sanciones (en forma de derecho de aduana) en caso de que un socio incumpla sustancialmente el Acuerdo de París sobre el Clima y los principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Tenemos que garantizar que los compromisos en materia de sostenibilidad adoptados en el marco de los acuerdos comerciales de la UE no se queden sólo en el papel, deben concretarse sobre el terreno», explicó el comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, durante una rueda de prensa. Además, añadió que «este procedimiento coercitivo sólo se aplicará a las futuras negociaciones y las que están en curso».
Debería facilitarse la presentación de denuncias por parte de la sociedad civil y de los grupos consultivos nacionales (organismos creados en el marco de los acuerdos comerciales y compuestos por representantes independientes de grupos de la sociedad civil, incluidas las ONG, las empresas y los sindicatos) por violaciones de los compromisos en materia de sostenibilidad. Sobre este punto, el Ejecutivo europeo precisa que estos grupos consultivos nacionales podrán presentar quejas colectivas y representar los intereses de una parte situada en un país socio.
Convencer a los socios
Sin embargo, antes de aplicar formalmente este dispositivo, la UE deberá convencer primero a los socios con los que está negociando actualmente acuerdos de libre comercio, principalmente la India, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda. Por el contrario, este mecanismo de sanciones no se aplicará al acuerdo comercial con el bloque de países de Mercosur, puesto que las negociaciones ya han concluido, precisa la Comisión.
Actualmente, varios Estados miembros, entre ellos Francia, Bélgica y Luxemburgo, bloquean el acuerdo con Mercosur ya que consideran que Brasil, en particular, no respeta ciertas normas en materia de sostenibilidad, sobre todo la relativa a la lucha contra la deforestación en la Amazonia. Por el contrario, otros Estados miembros denuncian la lentitud de las negociaciones comerciales llevadas a cabo por la UE.
