Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo lamenta las deficiencias de la estrategia de agricultura ecológica de la UE y recomienda reforzar el marco europeo, impulsar el mercado y mejorar la evaluación de los beneficios medioambientales.
En un informe especial, el Tribunal de Cuentas Europeo señala «incoherencias» en la política de desarrollo de la agricultura ecológica de la UE. Keit Pentus-Rosimannus, miembro del Tribunal, declaró que, «aunque los fondos europeos permiten aumentar la superficie de cultivo ecológico, es difícil saber en qué medida contribuyen a mejorar el medio ambiente o al suministro de una amplia gama de productos alimentarios ecológicos».
La que fuera ministra de Finanzas y posteriormente de Medio Ambiente de Estonia precisó que, entre 2014 y 2022, la UE ha inyectado 12.000 millones de euros a la agricultura ecológica, pero «no se puede evaluar el impacto de estos miles de millones». «No estamos diciendo que la UE deba gastar más, o que deba gastar menos, sino que debe gastar mejor».
El informe se basa en una auditoría realizada en cuatro países: Austria, que tiene una gran superficie ecológica (25% de su superficie agrícola) y un mercado «sólido»; Italia, que también cuenta con superficie ecológica importante (18%) y está fuertemente orientada a la exportación; y Polonia y Rumanía, que actualmente tienen menos superficie ecológica (4% y 5% respectivamente) pero «un enorme potencial», según Pentus-Rosimannus.
Tres grandes recomendaciones
Al término de su trabajo de campo, el Tribunal de Cuentas formula tres recomendaciones principales a la Comisión Europea. En primer lugar, pide al Ejecutivo europeo que «refuerce el marco estratégico de la UE» y «mejore el vínculo con las ayudas de la PAC». En concreto, el alto tribunal financiero lamenta la falta de «valores objetivo cuantificables» -y de los medios de seguimiento asociados- para alcanzar los tres objetivos específicos del plan de acción 2021-2027: sostenibilidad, estímulo de la demanda y refuerzo de la cadena de valor. También reclama «una visión a largo plazo para el sector, más allá de 2030».
En segundo lugar, reclama «una mejor integración de los objetivos medioambientales y de mercado» de la agricultura ecológica en la PAC. Señala que los «beneficios medioambientales que se esperan» de la agricultura ecológica «no siempre están garantizados», debido sobre todo a fallos en la aplicación de las normas sobre rotación de cultivos y bienestar animal.
Por último, el Tribunal pide «garantizar la disponibilidad de datos pertinentes» en la Red de Información sobre Sostenibilidad Agrícola (RDSA), que «aún no está operativa» y que sustituyó a la Red de Datos Contables Agrícolas (RICA) a finales de 2023.
