La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los datos de ejecución presupuestarias del Ministerio de Agricultura de los últimos cuatro años completos, critica que, entre 2015 y 2018, se haya desaprovechado más del 20% de los recursos que se asignaron definitivamente al departamento y reclama mayor rigor en su confección y en su cumplimiento.
Según el análisis realizado por Unión de Uniones, 2015 habría sido el año de peor ejecución (solo el 70,3%); mientras que el de ejecución más alta habría sido en 2016 (un 87,6%). El pasado año la realización presupuestaria se habría quedado en el 78,2%.
Las obras de regadío o las infraestructuras que no se finalizan o se llevan a cabo, el agricultor que no recibe su ayuda a los frutos de cáscara o que ve retrasado el pago de las líneas agroambientales o de desarrollo rural, el que los profesionales del campo no puedan acceder las líneas de renovación de la maquinaria agrícola son los síntomas en los que se traduce el que el Ministerio de Agricultura haya dejado de ejecutar en los últimos cuatro años un total de 8.719 millones de euros.
Unión de Uniones llama la atención, además, sobre el hecho de que la media de ejecución del Ministerio de Agricultura en los 4 años estudiados, del 79,9 %, queda muy por debajo de la media de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, que es del 92,4 %.
La organización considera estos datos especialmente llamativos ya que la mayor parte de los fondos de los que se nutre el Ministerio proceden del FEAGA y FEADER por aplicación de la PAC: “Cuando un 90% del presupuesto operativo del Ministerio lo pone Bruselas es inaceptable que se queden miles de millones de euros sin gastar. ¡Como si no hicieran falta en el sector y en el medio rural!”, critican desde Unión de Uniones.
Carencia de previsión y rigor en la elaboración de las partidas
Unión de Uniones arremete contra la lamentable la ejecución del capítulo de inversiones reales que, de media, solo se ha ejecutado un 48,6% entre 2015 y 2018 y sólo un 55,5% el año pasado. Así, por ejemplo, las inversiones para gestión de recursos hídricos para regadío, dotadas en 2018 con 40,1 millones de euros, solo se concretaron en un gasto de 26 millones.
Por su parte, algo mejor es el capítulo de transferencias de capital, que en buena parte va a nutrir las políticas de desarrollo rural y que se ha materializado en un 84,6%; y, sobre todo, para el de transferencias corrientes, cuya proporción más importante la constituyen los pagos directos de la PAC y que se ha consumido en un 98,8% en la media del período.
No obstante, la ejecución de ambos en 2018 ha estado muy por debajo de esa media, siendo respectivamente del 76,9% y el 83,7%.
“Sí que se ha respondido a las necesidades que se han puesto de manifiesto en 2018 en Seguros Agrarios” –han señalado desde la organización como elemento positivo, al pasar la partida inicial de ayudas a la contratación del seguro agrario de 211,3 a 308,3 millones de euros.
Respecto a la sanidad vegetal, sin embargo, ha tenido que aumentarse el crédito de 6 millones para un gasto de 10,3 millones, mientras que la dotación de sanidad animal para erradicación de enfermedades se ha consumido en su práctica totalidad (7,2 millones de los 8 millones disponibles), como habría advertido Unión de Uniones en su día, quien afirmaba que era un presupuesto muy ajustado para los controles sanitarios de la fauna silvestre y la necesidad de subir las indemnizaciones.
Unión de Uniones considera que, en algún caso, como en los programas de desarrollo rural, la responsabilidad de la baja ejecución puede ser compartida por las Comunidades Autónomas “pero cuando los incumplimientos se producen sistemáticamente todos los años, es una irresponsabilidad no tomar medidas y desaprovechar la barbaridad de dinero que no se está ejecutando y que no se convoquen ayudas o se retrasen los pagos”, critican desde la organización.
La organización va a insistir a las fuerzas políticas que compongan el Gobierno y el arco parlamentario tras las elecciones en la necesidad de elaborar unos presupuestos creíbles y en un cumplimiento riguroso de los mismos, con un mayor seguimiento por parte de las Cortes, a las que se someta las modificaciones de créditos que superen un porcentaje significativo.
