La asociación de ganaderos Agromuralla, que agrupa a unos 400 productores de Lugo y A Coruña, ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -que depende del Ministerio de Agricultura- a varias industrias lácteas (Lactalis, Reny Picot, Inleit, Leche Río o Danone) por “prácticas ilícitas” en los contratos con las explotaciones.
Según la asociación, las empresas “han aprovechado la coyuntura de alerta sanitaria” provocada por la pandemia para presionar a los productores con modificaciones a la baja en el precio firmado en los contratos. Una forma de proceder que Agromuralla califica como “ilícita” por parte de las industrias.
«Desde que el pasado 14 de marzo fue decretado el estado de alarma para gestionar la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, las industrias lácteas, concretamente las que operan en el territorio de Galicia, se han visto beneficiadas por una flexibilización de la normativa a cumplir, en cuanto a los contratos de compra de leche en origen», ha denunciado Roberto López, presidente de Agromuralla.
Asimismo, ha precisado que a consecuencia de dicha “flexibilización” muchos contratos que tenían que haber sido renovados durante el estado de alarma, han visto prorrogada su vigencia para, una vez establecida la llamada nueva normalidad, suscribir nuevos acuerdos que “empeoran las condiciones previas” de venta.
«Aparte de que la situación por parte de las industrias lácteas puede ser constitutiva de un ilícito penal, están infringiendo varios conceptos de la Ley de la Cadena Alimentaria al aprovechar la situación generada por la situación de alerta sanitaria para presionar a los productores para que firmen contratos con reducción del precio pactado», ha añadido la asociación.
Según Roberto López, “lejos de negociar las condiciones de los contratos con los productores”, las industrias “imponen su voluntad y criterio, como si de un contrato de adhesión se tratase, dejando al productor sin capacidad de maniobra».
En la práctica, añade, “los contratos no son negociados, sino impuestos y el productor corre el riesgo, si no acepta, de que la industria en cuestión no le recoja más leche». Agromuralla asegura que este tipo de prácticas por parte de las industrias «se vienen manteniendo en los últimos veinte años o más» y aprecia síntomas claros de acuerdo entre las empresas, ya que «los criterios de negociación de los contratos no difieren de unas industrias a otras».
Asimismo, ha denunciado ante el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que «se están dando casos de amenazas y represalias por parte de algunas industrias, como Leche Río, Inleit o Lactalis, contra algunos ganaderos que se niegan a firmar los contratos en las condiciones que la industria impone».
Por ello, en su escrito, Agromuralla solicita a la AICA que «se dé orden inmediata a las industrias lácteas para que cesen en las prácticas abusivas que vienen ejerciendo» y «se incoen los correspondientes expedientes sancionadores», con la toma de declaración a ganaderos afectados, pero preservando “su anonimato para evitar posibles represalias por parte de las industrias que les recogen la leche”
 -que depende del Ministerio de Agricultura- a varias industrias lácteas (Lactalis, Reny Picot, Inleit, Leche Río o Danone) por “prácticas ilícitas” en los contratos con las explotaciones.){kind=link}