La AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) ha presentado su informe de actividad correspondiente a 2022, que concluye que durante el pasado ejercicio ha impuesto 272 sanciones por el incumplimiento de la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
De esa cifra, el 53 % corresponde a infracciones por incumplimiento de los plazos de pago, sobre todo, por parte de empresas mayoristas e industrias agroalimentarias.
El resto de sanciones se deben a otros incumplimientos del marco legal, como la falta de contrato, la no inclusión del precio en el contrato o la destrucción de valor de la cadena alimentaria.
Por sectores, 109 de las sanciones corresponden al de frutas y hortalizas, 68 al vitivinícola y ocho al lácteo.
Estos datos fueron presentados en la primera reunión del Consejo Asesor de este año, que se celebró este lunes -27 de febrero-.
Control de las CCAA
Entre las novedades de este encuentro se ha presentado la actividad de control de las comunidades autónomas, que han tenido un efecto multiplicador en la actividad de inspección y también en la mejora de la cadena alimentaria en su conjunto.
El año pasado, en el ámbito de sus competencias, las comunidades realizaron 549 inspecciones de oficio y controlaron 2.029 relaciones comerciales de oficio.
La semana pasada la AICA hizo pública la relación de las 69 empresas que cometieron infracciones graves o muy graves con el motivo y la cuantía de cada sanción firme, bien en vía administrativa o judicial, tal y como obliga esta normativa.
Denuncias y controles
A lo largo de 2022, este organismo recibió 23 denuncias por presuntos incumplimientos de la ley de la cadena. De nuevo, el sector hortofrutícola aglutina el mayor número de denuncias (15), seguido del lácteo (3), vitivinícola (2) y de los de aceite de oliva, aceituna de mesa y frutos secos, que contabilizan una cada uno.
La AICA, además, ha realizado 929 controles de oficio en 2022 que han abarcado 1.487 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria. Principalmente, ha investigado transacciones comerciales de frutas y hortalizas (29,4 %), del sector cárnico (21 %) -con especial dedicación en el sector avícola-, del sector del vino, así como del de aceituna de mesa y el de frutos secos.