La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha abierto 19 expedientes sancionadores, 2 de ellas a empresas con municipio social en la Comunidad Valenciana, a raíz de las denuncias presentadas en agosto de 2017 por La Unió de Llauradors y el resto de organizaciones que componen la Unión de Uniones.
Según la organización, en la denunciada presentada hace un año y medio se informaba de que las bodegas compraban la uva sin la firma del preceptivo contrato de compraventa, de modo que se entregaba sin la negociación del precio de la misma, con posibles incumplimientos de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Según la organización, esta práctica parece ser la habitual en el sector, puesto que las denuncias se han efectuado en la mayoría de las regiones productoras de vino de España. En ese sentido, La Unió ha asegurado que la mayor parte de las bodegas españolas empiezan a recoger y transformar la uva y no fijan un precio hasta que una reconocida bodega de Castilla-La Mancha (Félix Solís) no establece el valor del producto.
La AICA ha abierto los citados expedientes tras realizar las comprobaciones oportunas de la denuncia al existir indicios razonables de incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, según la organización. Hay un total de 17 empresas -algunas de las cuales acumulan más de un expediente sancionador-; 15 de los expedientes sancionadores se han abierto a la industria vitivinícola y a bodegas, 3 a la distribución minorista y 1 a la distribución mayorista.
La Unió recordó que casi la totalidad de los expedientes abiertos son por incumplimiento de los plazos de pago de la uva a los viticultores, cuando la ley establece un plazo máximo de un mes para el pago de este producto, al ser perecedero.
En la Comunidad Valenciana se han comunicado 2 expedientes sancionadores por estas prácticas, aunque la AICA no facilita datos de las bodegas que no cumplen.
Otras comunidades con expedientes de sanción son Madrid, con 3 en total; Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Galicia, con 2; y Castilla y León y Extremadura con 1.
La Unió de Llauradors ha reclamado a las administraciones que las inspecciones no se realicen solo a petición o denuncia de las asociaciones, sino que esta práctica de inspeccionar debería ser la norma común, ya que el incumplimiento de esta Ley “se encuentra a la orden del día”.
