La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha abierto 23 expedientes sancionadores a varias empresas vinícolas por realizar presuntamente prácticas ilegales.
Unión de Uniones interpuso una denuncia durante la campaña de vendimia de 2018 por apreciar evidencias de que se estaban produciendo entregas de uva sin contrato y otras presuntas infracciones.
Del total de los expedientes abiertos, 22 corresponde a bodegas: diez están ubicadas en Castilla–La Mancha, cinco en la Región de Murcia, tres en Extremadura, dos en la Comunidad de Madrid y una en Cataluña, Aragón y Galicia.
Asimismo, antes de la vendimia actual, Unión de Uniones se dirigió a la AICA para reclamar el seguimiento de las operaciones de entrega.
La organización ha valorado positivamente esta resolución y ha pedido una mayor intensidad y medios para llevar a cabo el Plan de Actuaciones de Control que se está desarrollando en la actual campaña y que los controles se extiendan a todas las Comunidades Autónomas productoras.
A su juicio, es fundamental una mayor vigilancia y unas sanciones acordes para erradicar este tipo de prácticas ilegales, no solo en el sector vitivinícola, “sino también en otros sectores en los que se continúa abusando de la debilidad del eslabón de los agricultores y ganaderos en la de la cadena alimentaria”.
Finalmente, desde la Unión de Uniones han reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que se dote a la AICA de mayor presupuesto para que pueda ejercer más eficazmente esta labor.
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