Francia y Alemania han puesto fondos nacionales para apoyar a sus agricultores y ganaderos ante la crisis por la que atraviesan. Mientras tanto, en España no se han adoptado hasta el momento medidas que supongan un desembolso por parte del Gobierno, o que se traduzcan en un ahorro para el bolsillo de la gente del campo. El Ejecutivo de Merkel aprobó a finales de enero un paquete de ayudas destinadas a su sector agrario por valor de 1.000 millones de euros a lo largo de cuatro años. Este dinero irá destinado a financiar medidas relacionadas con la transición de la agricultura y la ganadería a un modelo que esté en línea con el Pacto Verde y la iniciativa de la granja a la mesa que pretende poner en marcha la nueva Comisión Europea. Esta decisión de Berlín se adoptó tras las movilizaciones que tuvieron lugar en los últimos meses del año 2019.
Mientras tanto, la Comisión dio luz verde la semana pasada a un paquete de ayudas nacionales adoptado por Francia con anterioridad por valor de 150 millones de euros. Se trata de compensar los servicios medioambientales que presta la actividad agraria a la sociedad. Las agencias del agua financiarán estos nuevos pagos hasta el 31 de diciembre de 2021. La Comisión ha precisado que el apoyo se destinará a las pequeñas y medianas empresas que ejercen una actividad agraria en las zonas elegibles para favorecer resultados medioambientales.
Bruselas estima que esta ayuda contribuirá a «garantizar una producción alimentaria viable y fomentar el uso eficaz de los recursos, con el fin de llegar a un crecimiento inteligente y sostenible» y considera que «las posibles distorsiones de la competencia derivadas de estas ayudas de Estado son mínimas». En España, el Gobierno tiene previsto aprobar mañana una serie de modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria con el fin de mejorar su funcionamiento.
Sin embargo, y salvo sorpresa, ese conjunto de medidas no supondrá un desembolso de dinero con cargo a los presupuestos del Estado. En principio, tampoco se atenderán las peticiones de las organizaciones agrarias sobre los costes de producción, que han solicitado que se aplique la modificación del sistema de tarifas eléctricas para riego, que ya está aprobada por una Ley; eso depende del Ministerio para la Transición Ecológica.
También han solicitado cambios a la baja en la fiscalidad de los combustibles que se usan en el sector o modificaciones en el sistema de seguros agrarios, evitando las maniobras del monopolio de hecho Agroseguro para subir las primas y reducir las coberturas de las líneas de los seguros agrarios. Asimismo, piden rebajas en las cargas sociales.
Información de César Lumbreras publicada en `La Razón´ el 24 de febrero
