El que fuera director comercial de la empresa Alvalle, Fernando Pemartín, y el exjefe de Compras de la misma, Manuel Valero, han negado que se inflaran las compras para conseguir aumentar la subvención que la Unión Europea (UE) concedía por naranjas para su transformación en zumo.
Ambos Ejecutivos han declarado en la segunda sesión del juicio oral iniciado el 14 de noviembre en la Audiencia Provincial de Murcia por unos hechos ocurridos hace 22 años.
La sesión arrancó con el interrogatorio del director comercial de Alvalle, que con posterioridad asumió el cargo de gerente de otra, Covemur.
El acusado ha manifestado que la compra de 4,3 millones de litros por parte de Covemur a Alvalle fue real, en contra de lo que sostienen el fiscal y el abogado del Estado, quienes consideran que se trató de una operación simulada para justificar la existencia de zumo en Alvalle (que era la que recibía las ayudas de la UE).
Pemartín: «le puedo garantizar que esos millones de litros fueron comprados a Alvalle y entraron en los almacenes de Covemur y que se pagó la cantidad acordada, que era de cinco pesetas por litro», señaló.
Por su parte, Manuel Valero, que se encargaba de la compra de naranjas en Alvalle, reconoció que no pudo visitar todas las fincas de las que procedían las naranjas (ubicadas en Andalucía, Murcia y Alicante) pero que sí lo hizo en el treinta por ciento de las mismas.
Asímismo ha expuesto que los controles de calidad que se ejercían sobre las compras eran muy exigentes y ha negado que se cometiera fraude alguno porque tanto los inspectores de la Comunidad Autónoma como del Ministerio de Agricultura estaban presentes cuando se descargaban los camiones que habían transportado la mercancía.
Durante el interrogatorio ha quedado abierta la posibilidad de que en algunos casos los agricultores con los que se habían suscrito los contratos de suministro incluyeran en los envíos de su producción naranjas de otra procedencia.
En el juicio, que está previsto que se desarrolle a lo largo de tres semanas, el fiscal y el abogado del Estado sostienen que a través de las supuestas maniobras se habría conseguido de manera ilegal 700.000 euros de las citadas subvenciones.
