Las principales organizaciones agrarias (ASAJA, COAG, UPA) y las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han mantenido este miércoles -25 de febrero- una reunión con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y la delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García. En el encuentro, los representantes del Ministerio de Agricultura, han defendido su postura sobre la convergencia de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y el planteamiento sobre el futuro reparto nacional de los fondos.
Las organizaciones han mostrado su negativa a un proceso “no consensuado y acelerado”, que, a su juicio, “ataca” directamente a Andalucía.
Además, han asegurado que de no retirarse el Real Decreto, una vez la situación sanitaria lo permita, «los tractores volverán a salir a la calle para reclamar una PAC justa con el sector agroalimentario andaluz».
En la reunión, Miranda ha reconocido que Andalucía es una comunidad clave en el sector nacional. Sin embargo, los planteamientos del Ministerio sobre la transición de la PAC «no son coherentes» con el hecho de que el 34% de los perceptores de ayudas PAC en el conjunto nacional son andaluces ni con el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario que representa Andalucía en la economía de España.
Retirada de derechos históricos
En cuanto al reparto nacional de los fondos, el Ministerio persiste en su idea de eliminar los derechos históricos, de reducir el número de regiones productoras y de impulsar un modelo de tasa plana.
Según el sector, esta propuesta se traducirá en la pérdida de alrededor de un 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de 232.000 perceptores andaluces, según los datos manejados por las organizaciones firmantes. Además, dejará fuera de este sistema de ayudas a entre 54.000 y 120.000 productores andaluces.
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han instado al ministro a que se reúna con los representantes del sector agroalimentario andaluz, a retirar el Real Decreto de transición y a trabajar en un plan estratégico nacional que permita cumplir con las directrices europeas.
