El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, ha lamentado que el Gobierno no haya reducido los módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a agricultores y ganaderos que vieron afectada su producción en 2017 por circunstancias excepcionales (sequía, plagas, incidencias meteorológicas o situaciones de mercado).
En este sentido, el consejero ha destacado que su departamento envió al Ejecutivo central un informe «detallado y documentado» para justificar dicha reducción y que, a su juicio, no han tenido en cuenta y ha provocado «discriminaciones y agravios comparativos entre las provincias andaluzas».
Puso de ejemplo el sector del olivar, para el que se ha concedido una reducción de la presión fiscal en Jaén, pero no se ha hecho lo mismo en Granada o Córdoba; a pesar de que la sequía también ha provocado importantes pérdidas en estas zonas.
«Los mismos cultivos y con las mismas condiciones ambientales han recibido un trato muy diferente»
Lo mismo ha ocurrido con el aguacate, que ha recibido un trato diferente en Granada y Málaga. «Los mismos cultivos y con las mismas condiciones ambientales han recibido un trato muy diferente», ha resaltado el consejero.
Ante esta situación, muchas organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias de diferentes provincias y sectores se han sumado a las críticas. Según Sánchez Haro, esto demuestra que la respuesta dada por el Ministerio de Hacienda «no atiende a las necesidades reales de Andalucía».
Además, la delegación del Gobierno en Andalucía ha apuntado que los agricultores y ganaderos andaluces se beneficiarán de una rebaja total de 115 millones de euros, lo que supone un 19,8% de los 580 millones de euros de ahorro que se estima para el sector en toda España.
Esta cifra contrasta con el hecho de que la renta agraria andaluza representa un 35% del total nacional, y demuestra que hay una «descompensación que perjudica claramente a esta Comunidad», ha concluido el consejero.
Por último, Sánchez Haro ha instado al Gobierno ha «rectificar y atender el clamor del sector» en Andalucía, que en muchos casos «se siente agraviado con toda la razón».
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