La Junta de Andalucía no dispone de las dosis de vacuna contra la lengua azul necesarias para hacer efectivos los tratamientos, una vez que ha terminado el período estacionalmente libre de esta enfermedad, según ha denunciado la Federación Andaluza de Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (FADSG).
La citada Federación recuerda que «desde este momento todos los ganaderos que vayan a movilizar sus animales están obligados a vacunarlos contra la enfermedad». Añade que «la administración anunció el pasado año que en 2017 se haría cargo, por tercera vez, de la compra de las vacunas» y «que se iba a responsabilizar de adquirir el tratamiento». Sin embargo, denuncia que está tardando más que en otros ejercicios en poner las dosis a disposición de los veterinarios, «lo que ha alterado completamente el calendario sanitario y reproductivo de los rebaños».
Por otro lado, apunta que «muchos ganaderos hacen coincidir la aplicación del tratamiento contra la lengua azul con la fecha de saneamiento obligatorio de brucelosis y tuberculosis» y que «mientras esperaban las dosis de la vacuna a muchos ganaderos se les ha pasado la fecha de saneamiento, y además están perdiendo las calificaciones que reconocen sus rebaños como libres de las dos enfermedades sometidas a programas nacionales de erradicación. Ello se traduce en una inmovilización de la explotación además de la pérdida, en vacuno, del derecho a subvención de la actuación sanitaria por la ADSG».
Asimismo, «el hecho de no disponer de vacuna también daría lugar a una inmovilización de las explotaciones que sacan sus producciones a cebaderos o centros de tipificación«, ya que tienen que esperar a disponer de la vacuna y después los 21 días reglamentarios para revacunar antes de realizar el movimiento. Por último, existe el riesgo, para los ganaderos de ovino, de perder las ayudas a estos animales por desajuste entre los tiempos de aplicación de las vacunas y los requisitos para percibir esos pagos.
A la vista de todo ello, la Federación pide a la administración regional que sea sensible con estas circunstancias y adopte las medidas necesarias para evitar los perjuicios derivados del retraso en la llegada de las vacunas.
