La Comunidad Autónoma de Aragón está a favor de que se eliminen los derechos históricos en el cobro de la PAC (Política Agraria Común), entre otras cuestiones, porque dan lugar a «graves desigualdades tanto personales como territoriales».
El secretario general técnico del Departamento de Desarrollo Rural, José Luis Castellano, defendió esta posición y apostó por un modelo familiar.
Castellano hizo esta afirmación el jueves 4 de octubre, después de la aprobación por unanimidad en las Cortes de Aragón de una propuesta que defiende una «reforma en profundidad» de la PAC.
La propuesta reclama una política agrícola activa contra la despoblación a través de la defensa del modelo familiar de agricultura y de la incorporación de jóvenes y mujeres.
Este modelo “deriva en un incremento del valor patrimonial de la tierra y de ahí la dificultad de acceso de los jóvenes»
Según el secretario, los derechos históricos dan lugar a la existencia de «agricultores de primera y de segunda, al margen de su actividad y profesionalidad». Además, este modelo favorece la patrimonialización de las ayudas, «ya que deriva en un incremento del valor patrimonial de la tierra y de ahí la dificultad de acceso de los jóvenes».
Asimismo, subrayó la propuesta de Aragón de reforma de la PAC, que además de la redistribución del pago a los agricultores, propone una compensación a la renta real de los profesionales del sector en función del peso de la actividad agraria que desarrollan.
En su opinión, «la PAC debe contribuir a una agricultura social, familiar y sostenible, en el contexto de un mundo rural vivo, tal y como se establece en la posición de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre la reforma de la PAC firmada el 25 de mayo de 2018, refrendada mayoritariamente por los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón y organizaciones profesionales».
Finalmente, el secretario consideró fundamental la ayuda a sectores «especialmente sensibles» como la ganadería extensiva mediante pagos asociados y la contribución a la remuneración de bienes públicos ambientales verificables incentivando su producción.
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