El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha descartado ayudas directas para que agricultores y ganaderos afronten los daños de la sequía pero ofrece la posibilidad de que accedan a créditos a un interés «cómodo», que todavía está por negociar, cuyo capital asumirá en un 5% la Comunidad y el 15% el Estado.
Según ha explicado, ha logrado el compromiso de la Consejería de Hacienda de dotar una partida presupuestaria de entre 120 y 130 millones para afrontar la parte que le corresponda a la comunidad de estos créditos que «se va a intentar» que tengan un tipo del euribor más «un punto y algo, sin llegar al 2» y que en el caso de que se devuelvan en tres años saldrían a «interés cero».
Así lo anunció tras reunirse en la sede de la Consejería en Zaragoza con representantes de UAGA, UPA, ARAGA, ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, Industrias Agroalimentarias y Federaciones de Regantes de la Cuenca del Ebro como primera toma de contacto tras su llegada al departamento.
Samper ha señalado que se trata de una «medida de choque importante para el sector en un año de sequía complicado y doloroso», que tendrá efectos rectroactivos desde octubre de 2022 y con validez hasta octubre de 2024.
El consejero ha justificado desechar las ayudas directas porque considera que sería «calderilla» y cree que el mecanismo vía créditos es mejor para solventar esta situación.
En la reunión también puso sobre la mesa su disposición a llegar a acuerdos con todo el sector para consensuar la medida que pretenden introducir en el mecanismo de flexibilización de la PAC, con el fin de presentar una única propuesta y no hacer «un brindis al sol». Esta medida, con la que todas las organizaciones están de acuerdo, comenzará a debatirse en octubre para su presentación en el mes de marzo.
Otro de los asuntos que se abordaron fue la Ley de Agricultura Familiar. Samper transmitió su intención de derogarla por el elevado número de puntos en los que hay desencuentro entre las organizaciones, con el fin de sacar adelante una norma de consenso.
Reacciones de las organizaciones
Desde UAGA, como ha explicado su secretario general, José María Alcubierre, son más partidarios de ver primero cómo se puede mejorar la actual antes que derogar la Ley de Agricultura Familiar. Respecto a los créditos, ha pedido agilidad en la concesión pero ha advertido de los problemas a los que se pueden enfrentar agricultores y ganaderos que ya estén endeudados a la hora de solicitar nuevos créditos.
El presidente de ASAJA Aragón, José Manuel Cebollada, cree que los créditos son «un parche para empezar la siembra» pero son «como una ayuda directa», y lo que pide además es una modificación de la PAC, con unas exigencias en la actualidad «que no podemos asumir» en cuestiones como los ecorregímenes (prácticas medioambientales) o la siembra de leguminosas debido al elevado precio de las simientes.
Desde UPA, su secretario de Organización, Enrique Arcéiz, ha advertido de que los créditos «pueden ayudar o arruinar más al campo» porque, a su juicio, «no es una ayuda real» sino «un apagafuegos, sin más» y también ha coincidido con UAGA en la necesidad de un «presupuesto fuerte que permita abordar políticas serias».
Por su parte, el presidente de Araga, Federico Lorente, ha reclamado la potenciación de las líneas de seguros agrarios. Luis Villamayor, de la Asociación de la Industria Agroalimentaria, ha agradecido la apuesta del consejero por la alimentación y ha apostado por crear una «marca fuerte» que esté en todos los lineales de los supermercados.
