El Colegio de comisarios de la Unión Europea ha acordado la aprobación de aranceles a las importaciones de arroz procedentes de Camboya y Myanmar por un periodo de tres años. De acuerdo con la medida, se restablecerá el derecho de aduana sobre este producto por un importe de 175 euros por tonelada para el primer año y progresivamente se irá reduciendo (a 150 euros/tonelada el segundo; y a 125 euros/tonelada el último año).
En la investigación lanzada durante marzo de 2018, la Comisión comprobó que las importaciones de arroz Indica procedente de ambos países aumentaron en las últimas cinco campañas un 89%. A esto se suma que los precios son sustancialmente inferiores respecto a los del mercado comunitario. Este incremento de las importaciones de arroz a bajo precio ha provocado serios problemas a los productores de arroz de la UE, puesto que su cuota de mercado en la UE se ha reducido sustancialmente del 61% al 29%.
Camboya y Myanmar son beneficiarios de la iniciativa “Todo menos las armas” (EBA) con la UE que les otorga acceso libre al mercado comunitario.
Tal como recoge el propio estudio elaborado por la Comisión Europea, desde que en virtud del acuerdo EBA se eliminaron los aranceles a la importación de arroz de estos países, el volumen que envían a la Unión Europea se ha disparado: mientras que en 2012 enviaron 9.000 toneladas de arroz, cinco años después este volumen se ha multiplicado por 40; en 2017 Camboya y Myanmar exportaron 360.000 toneladas de arroz a la UE.
La Comisión Europea reconocía en el informe de impacto publicado el pasado mes de noviembre que “la exención de derechos de aduana a las importaciones de arroz índica de Camboya y Myanmar causa importantes daños económicos a los productores europeos de arroz”, por lo que planteaba la posibilidad de “aplicar una cláusula de salvaguarda durante un periodo de tres años” al arroz proveniente de estos dos países del sudeste asiático.
La propuesta de aplicar la cláusula de salvaguarda, que se votó en primera instancia el pasado 4 de diciembre en el Comité de Preferencias Generalizadas de la Comisión de Comercio de la UE, pese a contar con el respaldo de 13 países, no obtuvo la mayoría suficiente para lograr su aplicación inmediata, por lo que la decisión quedó en manos del Colegio de comisarios.
