De pronto, el Gobierno español ha salido en tromba contra el anuncio de la Administración Trump de aplicar una subida de aranceles de hasta el 25 por ciento a una serie de productos agroalimentarios procedentes de varios países de la Unión Europea. Entre los afectados están el vino, el aceite de oliva, las aceitunas de mesa, los cítricos, derivados del porcino y algunos quesos de España. Se ha llegado a convocar al embajador de Estados Unidos para manifestar la repulsa.
El ministro de Agricultura ha venido a decir algo así como que si Trump quiere guerra, la va a tener. Tengo la sospecha de que, detrás de estas maniobras, está el asesor presidencial, Iván Redondo, que quiere aprovechar la ocasión para hacer electoralismo barato y presentar al Gobierno español como firme defensor del sector agrario, cuando hace unas pocas semanas algún alto cargo del Ministerio de Agricultura confesaba no estar preocupado ante la posibilidad del que Trump aplicase esa subida de aranceles. Vamos que Planas vivía en la inopia.
Por primera vez y sin que sirva de precedente, Trump y su gente ha respetado las normas
Llegados a este punto será bueno que los afectados tengan claras un par de ideas para no dejarse engañar. La primera es que la Administración Trump aplica esta medida después de que la Organización Mundial de Comercio (OMC) haya dado su visto bueno, tras un largo procedimiento que se ha prolongado a lo largo de unos quince años. Es decir, que, por primera vez y sin que sirva de precedente, Trump y su gente ha respetado las normas. Y, nos guste o no, que no nos gusta, pueden aplicar esa subida de aranceles a productos agroalimentarios.
La segunda es que el Gobierno español no es competente en la materia, ya que quien negocia estas cuestiones de comercio internacional es la Comisión Europea en nombre de la UE. En Bruselas es donde Planas, Sánchez y demás deben moverse, pero sin hacer electoralismo barato.
Artículo de opinión publicado en el diario `La Razón´ el 7 de octubre de 2019. El Galgo Apeles: César Lumbreras
