Ávila ha sido la provincia más afectada por la sequía en Castilla y León, según el presidente de ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio Pino, que afirma que desde junio a agosto las pérdidas han pasado de los 90 a los 100 millones de euros.
Pino ha criticado que «las administraciones han hecho caso omiso a las peticiones de agricultores y ganaderos». En esta provincia han recolectado 107.000 hectáreas de cereal de secano, los campos de girasol han tenido problemas para la nascencia y los cultivos de regadío también se han visto afectados.
Sobre el regadío ha asegurado que se tenían que haber regado en Las Cogotas cerca de 5000 hectáreas, pero solo ha tenido dotación para el riego un tercio de la superficie. En los riegos por sondeo ha sucedido lo mismo, puesto que ha sido necesario aportar mayor cantidad de litros por hectárea a los cultivos.
La situación en la ganadería ha empeorado
En cuanto a la ganadería, “la situación no ha hecho más que empeorar desde junio a agosto, hay situaciones extremas y todos los profesionales del campo buscan soluciones para abrevar al ganado. Según los datos de la organización, «hay municipios donde no hay posibilidades de abastecerse y el propio ganadero ha tenido que llevar agua con cisternas y además con impedimentos por parte de las Confederaciones Hidrográficas”.
El dirigente de ASAJA Ávila explicó que han mantenido un encuentro con el Presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, a quien le trasladaron las propuestas del campo de mano de ASAJA, entre otras, que se firmen convenios con entidades financieras para dar liquidez a los agricultores y dotar de préstamos blandos a los profesionales del campo.
Las pérdidas en todas España ascienden a 1.000 millones
Por su parte, el presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo, ha asegurado que las pérdidas en toda España provocadas por la sequía ascienden a 1.000 millones de euros, de las cuales el 60 por ciento pertenecen a Castilla y León, «y eso sin hacer balance de cultivos permanentes».
Por ello, ha exigido a la Junta de Castilla y León que sean efectivas las órdenes que establecen ayudas para los agricultores y ganaderos, como es el caso de la ayuda de subvenciones de mínimis destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos. También pide a la administración regional que se aumente la dotación que ya hubo en 2017 y sea de carácter retroactivo.
Finalmente, ha reclamado cambios en el seguro agrario y que se flexibilicen las medidas fiscales necesarias para los trabajadores del campo.
