ASAJA de Castilla-La Mancha ha pedido que el Estatuto de las Mujeres Rurales en el que está trabajando la Consejería de Agricultura contemple beneficios o ventajas fiscales y económicas encaminadas a fomentar el emprendimiento. Así lo ha acordado en una reunión celebrada en Toledo para analizar las necesidades y oportunidades de las mujeres rurales.
Esta es una de las peticiones que la organización incluirá entre las propuestas que va a presentar a la elaboración del anteproyecto del Estatuto de las Mujeres Rurales, tras haber solicitado a la Consejería poder participar para trasladar las necesidades e intereses de sus asociadas.
En este sentido, ASAJA ha hecho hincapié en que se debe priorizar en la población femenina que reside en municipios con riesgo de despoblación, puesto que cuanto más baja es la cifra del censo demográfico, mayores son las carencias de servicios o infraestructuras y más difícil resulta fijar población y crear empleo.
Además, ha señalado que fomentar el empleo en los pueblos pasa por apostar por la agricultura y la ganadería, actividades que afianzan los recursos existentes en la zona y frenan el proceso de declive económico y demográfico.
Solicitará que se termine con la invisibilidad de las mujeres agricultoras y que apueste por medidas que reconozcan la labor profesional
También solicitará que se termine con la invisibilidad de las mujeres agricultoras y que apueste por medidas que reconozcan la labor profesional que desempeñan y fomenten su participación en la toma de decisiones en el ámbito económico y social.
La organización ha considerado que el Estatuto debe promocionar el acceso a la titularidad compartida y, por ello, pedirá que se realicen las gestiones oportunas para conseguir mejorar la ley, que desde que fuese aprobada en 2011 ha registrado alrededor de 120 altas de titularidad compartida en la región.
Otros puntos que trasladarán a la Consejería son las ventajas fiscales, acciones formativas y cursos de liderazgo. Para ello, es necesario dotar de presupuesto dichas actuaciones y crear un órgano de control encargado de la vigilancia y planificación de las medidas que se desarrollen a partir de la ley porque, de lo contrario, «el Estatuto se quedará en una declaración de intenciones», ha advertido.
