Álvarez (ASAJA) critica que el MAPA «se desentienda» de la reducción de las tarifas eléctricas para el riego

Entrevista en AGROPOPULAR con Juan José Álvarez, director de ASAJA

Álvarez ha pedido que se adapte la edad y cuantía de la jubilación a la realidad del sector agrario tras el pacto alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales
Juan José Álvarez, experto en temas fiscales y laborales de ASAJA

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no va a intervenir en la cuestión de la reducción de las tarifas eléctricas para el riego, que considera competencia del Ministerio para la Transición Ecológica. Esa es la conclusión de los responsables de ASAJA tras la reunión que mantuvieron con el subsecretario de Agricultura y con el subdirector general de Energía Eléctrica del Ministerio de Industria.

Para hablar sobre este asunto contamos en la última emisión de AGROPOPULAR -19 de junio- con Juan José Álvarez, director de ASAJA y experto en temas fiscales y laborales, que señaló que «una vez más el Ministerio de Agricultura se desentiende de los temas de las tarifas eléctricas con respecto al sector agrario».

De acuerdo con los cálculos que presentaron los representantes de la Administración, desde el 1 de junio habría un ahorro para los regantes de entre un 7% y un 13%, dado que el término fijo de potencia disminuye y se incrementa el tipo variable. Sin embargo, estos cálculos no coinciden con los que maneja ASAJA, que apuntan a una subida de la factura eléctrica para el riego.

Juan José Álvarez recordó en antena que la reducción de las tarifas eléctricas para el riego fue una de las reivindicaciones del sector el año pasado justo antes de la pandemia, y que ya llevaban reivindicando desde hace años que hay que imponer una doble tarifa en época de regadío para los agricultores.

«Hay que recordar al Gobierno que esto está recogido en dos leyes, en la ley de la sequía del año 2018 -que no se reglamentó esta doble tarifa- y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año«, apuntó Álvarez, que añadió que en ella se da al Gobierno un plazo de 6 meses para establecer una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemple la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo del año.

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