La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha firmado en Valladolid con una treintena de asociaciones, organizaciones y colegios profesionales de la Comunidad su adhesión a la posición consensuada de Castilla y León ante la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).
«El objetivo es que no haya un solo euro de reducción de las ayudas, tenemos una gran negociadora en Europa que es la ministra de Agricultura y Ganadería y somos optimistas por el consenso alcanzado y tenemos la esperanza de que se consigan los mejores resultados posibles en el periodo que se abre», ha subrayado Marcos ante los periodistas en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
La consejera ha abogado por seguir negociando para que la anunciada reducción de un 5% del presupuesto de la nueva Política Agraria Común (PAC) no se produzca, aunque ese porcentaje lo ve «menos grave» que el inicialmente propuesto de entre el 15% y 30%. «No tiene nada que ver hablar de una reducción de entre el 15% y el 30% con una disminución del 5%, aunque no nos conformamos y no queremos que se pierda un solo euro», ha señalado la consejera que ha insistido en que hay que «seguir peleando».
Asimismo, Marcos ha subrayado lo que tiene «de positivo» el acuerdo y el consenso al que se ha llegado en Castilla y León en torno a la PAC y ha recordado la labor desarrollada con comunidades de otros países de la Unión Europea como Italia, Alemania o Francia, que tienen «mucho peso» en la negociación.
Esta posición común ya fue rubricada el pasado mes de marzo por los grupos políticos de la Comunidad (PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y el grupo mixto IU-Equo y UPL), las tres organizaciones profesionales agrarias que tienen representación (Asaja, la Alianza UPA-COAG y UCCL) y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl).
El documento, elaborado por la Junta, nace con el objetivo de definir los beneficiarios, las prioridades y los instrumentos de la futura PAC y que ésta garantice un sector agrario rentable, sostenible e innovador que fije población en el medio rural.
Los firmantes de este acuerdo reclaman a la Comisión Europea que la futura PAC diferencie a los agricultores y ganaderos profesionales, centrándose en explotaciones familiares y en aquellos que trabajan y viven directa y principalmente de la actividad agraria en explotaciones individuales o asociativas de cualquier tipo, y que, a su vez, favorezca la cesión de explotaciones entre productores de edad avanzada y nuevos agricultores.
Además, los jóvenes y las mujeres deberán ser considerados como actores clave para lograr los objetivos de la política de desarrollo rural y, asimismo, el documento rubricado hace hincapié en la necesidad de respetar, como mínimo, el actual nivel de financiación de la PAC para permitir que esta política cumpla sus objetivos y rechaza cualquier posibilidad de renacionalización.
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