Las OPAS se rebelan contra la decisión de Azucarera de recortar el precio de la remolacha

A partir de la campaña 2019/2020 la empresa pagará 26 euros por tonelada al productor

La empresa Azucarera ha anunciado lo que denomina “un cambio en el modelo de colaboración con los agricultores para garantizar la sostenibilidad y el futuro del sector”, que se traduce en una reducción de 6,5 euros por tonelada en el precio que pagará por la remolacha al productor.

Las organizaciones agrarias no han tardado en protestar por esta decisión. Por un lado, ASAJA de Castilla y León ha dicho que supone una rebaja del 20% respecto a los 32,50 euros del precio total medio comprometido por la compañía azucarera, y del 15,5% respecto a lo que venía cobrando el cultivador si se suma el valor de la producción más el de las ayudas asociadas al cultivo (para rendimientos de 100 toneladas de remolacha tipo por hectárea).

La organización no comparte “ni los motivos ni la decisión de esta rebaja de precios, y la considera un imposición por parte de la compañía azucarera”.

A pesar de que la empresa justifica la reducción de los precios en la caída de las cotizaciones del azúcar en los mercados europeos y mundiales, y en consecuencia, en la caída de los beneficios en la cuenta de resultados de la compañía, ASAJA ha recordado que el acuerdo era a cinco años, y que en este periodo la compañía ha tenido ejercicios con beneficios muy generosos (como fue el penúltimo, en el que ganó 28,9 millones de euros).

Asimismo, subrayó que la reducción del precio de las materias primas no es la única fórmula para equilibrar el balance de una compañía. Finalmente, apuntó que las empresas serias que invierten en agroalimentación esperan un tiempo para ver la evolución de los mercados internacionales, que son muy volátiles.

Por su parte, la UPA ha anunciado que está estudiando emprender acciones legales contra Azucarera. A su juicio, “romper el Acuerdo Marco Interprofesional es poner en peligro a todo un sector con miles de puestos de trabajo”.

Asimismo, la organización ha señalado que el recorte decidido por la empresa es “inasumible por los agricultores”, dado el escaso margen de beneficio en el que ya estaban produciendo los remolacheros españoles.

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