El lobo estará protegido en todo el territorio nacional y no podrá cazarse en ninguna región. Esta es la propuesta que ha hecho la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. ASAJA, COAG y UPA han criticado tanto la medida como la forma de adoptarla.
Para conocer la posición de una de las organizaciones contamos en la última emisión de AGROPOPULAR -6 de febrero- con el presidente de ASAJA, Pedro Barato, que calificó la decisión como «un despropósito más» del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. «Ya me gustaría que se preocupara de la ganadería en su conjunto y en particular de la extensiva como se preocupa del lobo», añadió.
En este sentido, Barato explicó que desde ASAJA van a intentar que esto no se lleve a cabo, ya que considera que «son decisiones que tienen una carga ideológica tremenda» y, desde luego, no beneficia al mundo rural. «Esto es una tropelía más de este Ministerio que para el sector agrario es un enemigo de verdad».
¿Qué actuaciones van a adoptar? Barato detalló que va a convocar a la Junta Directiva de urgencia para la próxima semana y van a intentar adoptar medidas de presión para intentar ayudar a las Comunidades Autónomas (Castilla y León, Asturias y Cantabria) que están sufriendo ataques diariamente o como Asturias. «La ministra va a recibir en su despacho lo que los lobos nos hacen en el campo», añadió.
Respecto a la posición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el presidente de ASAJA explicó que habló con una directora general de este Departamento y que le comentó que el Ministerio estaba a favor de las organizaciones y en contra de los que se había hecho para proteger el lobo.
No obstante, Barato añadió que le gustaría que el Ministerio de Agricultura transmitiese su posición al mundo rural públicamente «porque así quedaría mucho más clara su postura de cara a la opinión pública».
Convergencia
Por otro lado, durante su intervención también abordó el modelo de convergencia del importe de los derechos de pago básico que se va a aplicar este año y el que viene en España.
Barato recordó en antena que «es una convergencia que veníamos haciendo, bastante lenta, y que desde ASAJA fuimos los únicos que le dijimos al Ministerio que las convergencias se hacen lentas porque hay decisiones empresariales en juego».
Finalmente, añadió que desde la organización agraria consideran necesario dar continuidad a una convergencia interna mucho más moderada y ya conocida por los propios beneficiarios. De cara a la reforma de 2023, el Ministerio también debería plantear medidas tendentes a compensar las reducciones de los pagos directos mediante mecanismos previstos como son los ecoesquemas adaptados a los sectores afectados.
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