La «desidia política» deja de lado a los ganaderos y pone en peligro a los buitres

Desde 2011, un Real Decreto exige a las Comunidades Autónomas regular las zonas en las que los ganaderos pueden dejar cadáveres de reses para que los buitres y otras especies ocasionalmente necrófagas puedan alimentarse.

Sin embargo, solo siete comunidades autónomas –ocho si Aragón si finalmente se suma–, están autorizando el depósito de cadáveres a los ganaderos.

Según las organizaciones ASAJA y SEO/Birdlife, «la desidia política de algunos Gobiernos autonómicos no solo pone en peligro a especies amenazadas sino que ocasionan costes innecesarios tanto al sector ganadero como a la propia administración».

Seis comunidades autónomas todavía no han aprobado la normativa autonómica obligatoria, aunque tres de ellas tienen ya un borrador de norma. Madrid, Asturias y Galicia ni siquiera han presentado una propuesta normativa al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

Ambas organizaciones han asegurado que «el cliché negativo» de los buitres y demás especies carroñeras es injusto, puesto que su papel es clave para acelerar el retorno de nutrientes a la cadena trófica y para «recuperar la gestión tradicional en el manejo de bajas en ganadería».

Las amenazas que se ciernen sobre los buitres en todo el mundo se han traducido en un alarmante declive de las poblaciones a escala internacional: de las 23 especies conocidas, 16 se encuentran amenazadas y 8 en peligro crítico, denuncian las organizaciones.

Asimismo, el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, detalló que «los costes de gestión de los cadáveres que deben abonar los ganaderos, en algunos casos con ayudas de la administración, se ven igualmente reducidos en las regiones que sí han regulado los puntos donde es posible proveer de alimento a las necrófagas y no nos referimos a los muladares controlados, sino a las zonas de depósito, donde se depositan los cadáveres dentro de las zonas autorizadas» .

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