La Comisión Europea ha propuesto nuevas medidas para regular mejor las relaciones comerciales y luchar contra las prácticas desleales transfronterizas, tal y como prometió tras las protestas agrarias de principios de año, con el fin de reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. Sin embargo, las medidas propuestas distan mucho de la ley de la cadena alimentaria europea que algunos habían soñado.
Inicialmente previstas para octubre, pero finalmente aplazadas unas semanas para que pudieran ponerse en el haber de la nueva Comisión Europea, las propuestas destinadas a proteger mejor a los agricultores dentro de la cadena alimentaria -por un lado, una revisión específica de la OCM y, por otro, un reforzamiento de la directiva sobre prácticas comerciales desleales- se presentaron el 10 de diciembre.
Tras las simplificaciones introducidas en materia de condicionalidad y el lanzamiento de un Diálogo Estratégico, se trata de la tercera etapa de la respuesta a las protestas del sector agrario de principios de año.
Bruselas quiere reforzar el poder de negociación de los agricultores frente a sus compradores
En lo que respecta a las modificaciones del reglamento de la OCM (Organización Común de los Mercados) de la PAC, Bruselas quiere reforzar el poder de negociación de los agricultores frente a sus compradores. En concreto, propone que los contratos escritos sean obligatorios. Sin embargo, no se impone ninguna obligación en cuanto a la forma de estos contratos (para evitar nuevas cargas administrativas), que podrían consistir simplemente en un correo electrónico confirmando la venta. El reglamento prevé algunas excepciones para las ventas in situ con pago inmediato, las transacciones con cooperativas, las empresas muy pequeñas y en el contexto de donaciones.
Y los Estados miembros tendrán la opción de añadir otras tres exenciones: la entrega de productos de escaso valor (a determinar por el Estado miembro); la entrega de productos sujetos a fluctuaciones estacionales de la oferta o la demanda o perecederos; y la entrega de productos sujetos a prácticas tradicionales de venta. El texto también propone mejorar la forma en que los contratos a largo plazo tienen en cuenta las fluctuaciones de los costes de producción. Y se hará obligatoria la introducción de mecanismos de mediación entre los agricultores y sus compradores.
Los Estados miembros podrán conceder más ayudas financieras a las organizaciones de productores (OP) en el marco de las intervenciones sectoriales de la PAC y se simplificará su reconocimiento jurídico. Las OP que tomen iniciativas privadas para gestionar crisis también podrán recibir ayudas.
Una exención de las normas de competencia ampliará la posibilidad de que los agricultores acuerden iniciativas de sostenibilidad con ciertas dimensiones sociales, como el apoyo al relevo generacional, la preservación de la viabilidad de las pequeñas explotaciones o la mejora de las condiciones laborales de los agricultores y de los trabajadores agrícolas.
No es lo que se esperaba
La Comisión Europea también ha propuesto un reglamento para que la directiva sobre prácticas comerciales desleales pueda aplicarse más allá de las fronteras de un Estado miembro. Sin embargo, las disposiciones que están sobre la mesa distan mucho de la gran ley de la cadena alimentaria europea que pedía el presidente francés, Emmanuel Macron (el equivalente a la Egalim francesa).
Un mecanismo de asistencia mutua permitirá a las autoridades nacionales competentes intercambiar información y solicitar a una autoridad de otro Estado miembro que actúe en su nombre. Este planteamiento también permitirá a las autoridades competentes acordar la adopción de medidas coordinadas “siempre que existan sospechas razonables de prácticas comerciales desleales generalizadas con una dimensión transfronteriza”.
