Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del Gobierno, a la vez que ministra de Economía, se despachó la semana pasada con unas declaraciones en las que instaba a los agricultores y ganaderos, primeros eslabones de la cadena agroalimentaria, a que repercutan ya en los precios de los productos que venden las ayudas que han recibido del Gobierno y principalmente los 300 millones destinados a compensar la subida del precio de los fertilizantes. Sus manifestaciones han levantado ampollas en el sector agrario y han abundado las críticas de las organizaciones agrarias por varios motivos. El primero de ellos es que ese dinero es tan solo una promesa, porque hasta ahora no ha llegado un solo euro a los bolsillos de los beneficiarios de los 300 millones anunciados, ya que hasta finales de la semana pasada no se ha publicado la relación completa de los que las recibirán y todavía no se ha hecho una sola transferencia de fondos. En segundo lugar, porque por el sistema de reparto que se ha decidido poner en marcha, solo se beneficiarán los agricultores que reciben ayudas directas de la PAC y se quedan fuera sectores tan importantes como el de las frutas y hortalizas. En tercer lugar está el problema de los ganaderos, que no utilizan fertilizantes; los productos derivados de los animales figuran entre los que han experimentado más subidas, como las carnes, especialmente las de porcino, vacuno y pollo, así como los huevos.
No es la primera vez que Calviño solivianta al sector. Sus representantes recuerdan cuando era directora general de Presupuestos de la Comisión Europea y presentó un primer borrador de Marco Financiero de la UE para el periodo 202127, en el que se recogía un recorte de los fondos destinados a la PAC superior al 30%. Esta propuesta era muy perjudicial para los intereses españoles, ya que nuestro país es el segundo más beneficiado por la PAC. Es verdad que eso sucedió hace tiempo y que luego ese recorte no se plasmó en la realidad, pero fue de tal gravedad que todavía son muchos los que se acuerdan del asunto. Ahora, Calviño es libre de pedir, pero antes debe pagar.