La Junta de Andalucía y representantes de las principales organizaciones agrarias de la región (ASAJA, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias han firmado una declaración institucional que recoge la “postura común” de Andalucía sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC), ante la preocupación compartida del sector respecto al impacto de la nueva orientación de la PAC en el campo andaluz.
Según ha informado la Consejería de Agricultura, el documento es fruto del «consenso y unidad» y ha sido elaborado en la Mesa de Interlocución Agraria que se ha celebrado vía telemática bajo la presidencia de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y de la que forman parte ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias.
La organización agraria ASAJA en esta Comunidad Autónoma ha detallado que el recorte en más de un 12% del presupuesto de la PAC en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del pasado julio y la estupefacción creada en el sector por las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, apuntando hacia un cambio radical de modelo, han disparado las alarmas en el campo andaluz y han sido el detonante de esta nueva declaración.
La Junta y el sector quieren dejar clara su «defensa sin fisuras» del modelo agroalimentario andaluz en estos momentos «decisivos» para el diseño de la futura PAC a nivel europeo y español, al tiempo que resaltan «la extraordinaria relevancia económica, social y medioambiental» del campo andaluz.
La consejera ha subrayado la «unidad» de todo el sector en defensa de un sistema que «destaca por su sostenibilidad social y medioambiental, por la calidad de sus productos altamente valorados en los mercados más exigentes y por su contribución esencial para el desarrollo de las zonas rurales evitando la despoblación.
«No se puede exigir más al sector recortando al mismo tiempo los presupuestos»
Crespo ha incidido en que «este debe ser el semestre de la PAC en Andalucía, en el que todos colaboremos, desde la unidad y la lealtad, en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos ante planteamientos que claramente perjudican a la comunidad», antes de remarcar que «no se puede exigir más al sector recortando al mismo tiempo los presupuestos».
Asimismo, ha reclamado de nuevo una reunión con el Ministerio de Agricultura y ha afirmado que este es «un movimiento certero que no busca la confrontación, sino demostrar el buen hacer del campo andaluz y cómo ha aprovechado cada céntimo de la PAC para crecer y evolucionar».
Los representantes de ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han coincido en señalar que la declaración institucional «busca trasladar la unidad del campo andaluz desde un discurso pedagógico y sereno» respecto al futuro de la PAC, además de exponer una postura común ante asuntos que «preocupan a todos».
Declaración institucional
Entre las peticiones que incluye la declaración institucional se encuentran diversas medidas relativas a los mecanismos de mercado, uno de los instrumentos de la PAC que requieren cambios más profundos. Desde Andalucía se resalta la necesidad de abordar actuaciones enmarcadas en la OCM Única, que contribuyan a lograr que los mercados agrarios funcionen correctamente y que los productores perciban una remuneración adecuada por su producto y su trabajo.
En cuanto a las ayudas directas, el sector agroalimentario y la Administración andaluza rechazan la introducción de criterios que excluyan a agricultores y ganaderos pluriactivos que, a pesar de desempeñar otras actividad económicas, el trabajo en el campo supone un complemento de su renta. Y en lo que respecta al modelo de regiones, tanto el Gobierno como el sector de esta Comunidad Autónoma defienden su mantenimiento porque cualquier cambio de criterio podría provocar importantes redistribuciones de ayudas entre sectores y territorios.
Asimismo, la Mesa de Interlocución Agraria andaluza se ha posicionado en contra la eliminación de los derechos PAC al entender que podría provocar un importante aumento de la superficie con ayuda que conllevaría una dilución del nivel de subvenciones para los receptores actuales. Además, la reserva de estos derechos permite su concesión gratuita a colectivos como los jóvenes agricultores, que perderían esta ventaja competitiva si desaparecieran.
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