Hace ahora cuatro años estalló en España el proceso de movilizaciones agrarias más importante de este siglo. Los tractores y sus dueños pasaron de protagonizar las concentraciones en las carreteras, las plazas y calles de los pueblos, a desinfectar estos últimos con la llegada de la pandemia. Solo la aparición de esta última y la situación excepcional que se vivió en el primer semestre de 2020 acabó con las protestas. No obstante, antes Luis Planas y su equipo se reunieron con los representantes de las organizaciones agrarias, a los que hicieron una serie de promesas. La mayor parte de ellas ni se han cumplido ni se han materializado en las realidad. Es de suponer que ahora se recuerden estos incumplimientos cuando se redacten las tablas con las reivindicaciones. Al igual que en el resto de los Estados miembros de la UE, las protestas tienen como destinatarios a los distintos Gobiernos nacionales, en este caso el de Pedro Sánchez, en el que Luis Planas está de convidado de piedra y Teresa Ribera es la que «parte el bacalao».
Sin embargo, hay otra serie de peticiones que corresponden a los burócratas de Bruselas, que quieren pasar desapercibidos, como si ellos no tuviesen nada que ver en el estallido del campo europeo que se vive en estos días. Desde la Comisión Europea, con la complicidad del Consejo de Ministros de la UE en sus diversas formaciones y del Parlamento Europeo, se han impuesto durante los últimos años una serie de medidas que bien pueden calificarse de absurdas, que han complicado mucho la principal tarea de los agricultores y ganaderos comunitarios, que no es otra que la de producir alimentos. «Nuestro final será vuestra hambre», rezaba una pancarta en las protestas francesas dirigida a la sociedad. Pues eso.
Artículo de opinión de César Lumbreras publicado el 29 de enero en La Razón
