Consenso en Castilla y León sobre cómo debería ser la futura PAC

La consejera de Agricultura de Castilla y León, Milagros Marcos, con los firmantes del documento

Castilla y León considera que la futura PAC debería mantener la estructura actual en dos pilares, la financiación 100% comunitaria del primero de ellos, es decir, de los pagos directos, y un nuevo diseño de los mecanismos de gestión de los mercados, reforzando la intervención. Además, debe adoptarse una normativa comunitaria en materia de cadena alimentaria para mejorar la posición del sector primario en la misma.

Estas son algunas de las ideas que se defienden en la “Posición común de Castilla y León en relación con la Comunicación de la Comisión Europea sobre ‘El futuro de los alimentos y de la agricultura’”, consensuada entre la Consejería de Agricultura, los grupos con representación en las Cortes regionales, las organizaciones agrarias y las cooperativas.

El documento comparte la idea de la propuesta de Bruselas de dar a la futura PAC un enfoque más basado en los resultados. Sin embargo, subraya que hay muchos interrogantes sobre cómo se plasmará esa idea en la práctica y cómo se aplicará el proyecto de dar más subsidiariedad y flexibilidad a los Estados miembros a la hora de elaborar los planes estratégicos nacionales que plantea la Comisión Europea. En cualquier caso, advierte de que el nuevo modelo “no debe poner en riesgo el mercado único ni ser el principio de una renacionalización de la PAC” y tampoco debe “suponer retraso en la ejecución de la PAC ni en la realización de los pagos a los agricultores y ganaderos”.

Entre los planteamientos defendidos en esta posición común figuran los siguientes:

  • Los pagos directos son “un elemento indispensable para estabilizar la renta agraria, mantener la actividad de sectores vulnerables y contribuir al mantenimiento del medio ambiente y el clima”. En consecuencia, “deben seguir jugando un papel muy importante en la futura PAC” y su financiación debe correr al 100% a cargo del presupuesto comunitario.
  • Se debe establecer un límite a las ayudas por explotación, teniendo en cuenta el empleo.
  • El futuro sistema de ayudas debe “tener elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos profesionales”, centrándose en explotaciones familiares y en quienes trabajan y viven directamente de la actividad agraria.
  • Hay que rediseñar los mecanismos de gestión del mercado, reforzando los sistemas de intervención, con compras públicas para prevenir y gestionar grandes crisis y facilitando la participación en este sistema de las organizaciones de productores, interprofesionales y cooperativas. Estos mecanismos deberían activarse cuando los precios se sitúen por debajo de los costes de producción.
  • Es necesario “avanzar en nuevos instrumentos de gestión de riesgos o sistemas de protección anticiclo en la nueva PAC, tanto preventivos como de actuaciones en crisis. Además, la PAC debe facilitar la adquisición del conocimiento necesario entre los agricultores en gestión de prevención de riesgos, todo ello compatible con la política de seguros agrarios actual”.
  • Debe incentivarse a los agricultores y ganaderos que voluntariamente adopten prácticas más exigentes en el marco de la lucha contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente.
  • Las nuevas exigencias en materia de sostenibilidad medioambiental de la agricultura no deben llevar a una pérdida de rentabilidad de las explotaciones.
  • Con el fin de favorecer el relevo generacional en el campo hay que buscar nuevas fórmulas para incentivar a los jóvenes, así como a las mujeres (mejorar el acceso a instrumentos financieros, incentivar el traspaso de explotaciones, introducir programas de cese anticipado).
  • Para mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, hace falta una “política europea en materia de cadena de valor alimentaria, en línea con el modelo español, que fomente las relaciones contractuales y contribuya a suprimir las prácticas comerciales desleales”.
  • En los acuerdos comerciales con países terceros “es imprescindible tener en cuenta la preferencia comunitaria” así como la reciprocidad, “es decir establecer el mismo nivel de exigencia sanitaria, medioambiental o social a los productos importados que a las producciones europeas”. Además, el origen de los productos debe quedar reflejado en el etiquetado.

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