La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, ha pedido el compromiso expreso y firme del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para no perder financiación en la nueva PAC y la constitución de un Fondo de Garantía Estatal que compense posibles recortes en desarrollo rural.
Marcos se pronunció en esos términos durante un encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien hizo entrega de la “Posición de Comunidad” de Castilla y León sobre la reforma de la PAC.
En relación con el presupuesto de esta política, la Consejera señaló que “es necesario no perder ni un solo euro en España de la PAC; es una línea roja que no debe ser traspasada”. Añadió que “todo el Gobierno español, encabezado por el presidente, Sr. Sánchez, debe defender que se eliminen de las propuestas del Marco Financiero las reducciones planteadas a España en los pagos directos y en el desarrollo rural: los pagos directos afectan directamente a la renta de los agricultores y ganaderos de Castilla y León, y los pagos en el desarrollo rural afectan a las inversiones que se llevan a cabo en el medio rural en materia agroalimentaria, forestal y de apoyo a inversiones productivas en los pueblos, una herramienta fundamental para la lucha contra la despoblación de las áreas rurales”.
En caso de que finalmente se aplicara el recorte propuesto en el presupuesto de la PAC, Milagros Marcos reclama “el compromiso expreso del propio presidente de España de incrementar la partida que aporta el Estado español al presupuesto europeo y con ello asegurar el mismo nivel de financiación actual”; además, debería instar a los demás Estados miembros a que actúen de la misma forma, con el fin de compensar el agujero presupuestario que dejará la salida del Reino Unido de la UE y la necesidad de aportar financiación a nuevas prioridades políticas.
Si tampoco se lograra ese incremento en las aportaciones de los Estados miembros al presupuesto común, Castilla y León propone la creación de un Fondo de Garantía Estatal para compensar las reducciones de financiación que permiten el desarrollo rural en el territorio español.
