La Junta de Extremadura solicitará que sean declaradas nulas las restricciones de cultivo de Cava D.O de Extremadura, efectuadas en los años 2020, 2021 y 2022, tras la sentencia del Tribunal Supremo y, en consecuencia, pedirá la concesión para cultivar nuevas hectáreas en los tres próximos años.
En rueda de prensa, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha valorado que el Tribunal Supremo haya vuelto a dar la razón a la Junta de Extremadura en la “férrea” defensa que ha hecho por el sector del cava extremeño.
Según ha destacado, se trata de una sentencia firme por la que el Supremo anula dos artículos del real decreto ministerial en el que se eliminaba la consulta que debía hacer a las Comunidades Autónomas a la hora de restringir las plantaciones de las denominaciones de origen de cava.
La Junta emprendió las acciones legales contra dicho texto al considerar que se materializaba un “relevante e inexplicable” protagonismo del Consejo Regulador como encargado de adoptar la decisión sobre las limitaciones de superficies de cara a nuevas autorizaciones para plantaciones de cava, ya que la recomendación de este órgano resultaba vinculante en la toma de decisión ministerial.
Con esta anulación emitida en la sentencia del Tribunal Supremo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ahora “está obligado a consultar a las Comunidades”, siendo el propio Ministerio quien restrinja la producción o no, pero siempre de una “manera motivada, con informes y consultando” a las partes implicadas, ha subrayado.
“Quiero recordar que ya ganamos en tribunales al Ministerio otro asunto del cava cuando nos restringieron a cero hectáreas nuestra producción”, en un juicio donde resultó “clave un informe elaborado” por el mismo equipo de la Universidad de Extremadura sobre el impacto económico del tabaco en la región, según ha añadido.
Al respecto, ha lanzado un mensaje de advertencia al MAPA, en apoyo al futuro del sector tabaquero. “Cuando la Junta de Extremadura se revuelve, siempre lo hacemos con motivaciones, y cuando tenemos razones para proteger a nuestra gente del campo”. “Siempre dijimos que nuestros productores de cava en Tierra de Barros tenían más capacidad de crecimiento, y aparte de este aspecto, no se les podía privar de tener voz y voto a la hora de decidir el futuro de sus plantaciones ante los ologipolios del norte de España”, ha resaltado.
Por último, la consejera ha defendido sectores clave en la región como el vitivinícola, el tabaquero, los frutales, el aceitero o el tomate, “líneas rojas” que la Junta defenderá “hasta los últimos extremos, siempre con motivaciones y por vías judiciales”.
La sentencia del Tribunal Supremo estima íntegramente el recurso del Gobierno de la Junta de Extremadura, declarando la nulidad de la reforma y condenando en costas a la Administración del Estado, a la Organización Agraria Unión de Uniones y al Consejo Regulador de la DOP Cava.
