El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suspendido cautelarmente el Decreto de 2018 de esta Comunidad que regula la conservación de las especies cinegéticas de la región, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Esta disposición da cobertura a la orden anual de caza, que determina qué especies pueden cazarse. Sin embargo, el auto dictado no se ha adoptado por unanimidad y no es firme. La Junta lo recurrirá.
El Tribunal ha estimado la petición del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA). En su auto reconoce la importancia que tiene la actividad de la caza para Castilla y León desde el punto de vista económico y social y pondera, por un lado, los daños que puede causar la suspensión del Decreto y, por otro, los que pueden causarse a la fauna salvaje como consecuencia de dicha actividad, decantándose por estos últimos.
Insiste, como en sentencias anteriores, en que es necesario que la caza «se practique en condiciones que aseguren que la misma no perjudica el estado de conservación de las especies que se cazan y de ahí la importancia de que la consideración de una especie como cinegética cuente con estudios objetivos y actualizados que así lo determinen». El Tribunal considera que siguen sin aportarse esas pruebas y estudios y de ahí su decisión.
El auto no ha sido dictado por unanimidad de sus miembros. El magistrado Felipe Fresneda emitió un voto particular argumentando que no se cumplen las condiciones para adoptar medidas cautelares frente al Decreto en cuestión.
Recursos y cambios normativos
Dado que el auto no es firme, la Junta de Castilla y León presentará los recursos correspondientes y, por otro lado, estudiará cambios en la normativa que permitan continuar con la actividad cinegética, según ha subrayado el director general de Medio Natural, José Angel Arranz, en declaraciones a agropopular.com.
Arranz ha puesto de manifiesto la importancia de la actividad de la caza en Castilla y León no solo desde el punto de vista económico (representa unos 300 millones de euros anuales) sino también social (ya que contribuye a fijar población en el medio rural) y por motivos sanitarios (algunas especies son reservorio de enfermedades que se transmiten al ganado, incluso al hombre), sin olvidar los problemas de seguridad vial que se registran cada año.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado asimismo que el auto «perjudica de una forma gravísima los intereses de Castilla y León, pero no solo los intereses tradicionales, culturales que pueda tener la caza, incluso no solo los intereses económicos y sociales, sino los intereses medioambientales y los intereses de la seguridad de las personas».
Según él, deja a Castilla y León en una situación de «indefensión». «Es muy difícil explicar a los agricultores, a los conductores, a los usuarios de las vías públicas que no va a haber un medio de control de la fauna salvaje, que es la caza».
