Cinco CCAA deberán devolver más de 25 mill/€ por incumplimiento del Derecho de la UE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 9 de agosto cinco resoluciones del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) con las correcciones financieras agrarias de cinco Comunidades Autónomas por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. El importe total suma 25,23 millones de euros.

Las Comunidades a las que repercute las responsabilidades son Andalucía, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, aunque en el caso de estas dos últimas, la deuda ya ha sido abonada.

A Castilla y León pide la devolución de 10,07 millones de euros (más los intereses de deuda generados), como consecuencia de las deficiencias detectadas en el alcance de los controles en materia de Protección de aguas subterráneas o tratamiento incorrecto de las infracciones cometidas en identificación y registro de especies de bovinos y ovinos/caprinos.

En Andalucía la deuda asciende a 8,3 millones de euros, de los que 6,95 se le reclaman a la autonomía y el resto a la Administración General del Estado (AGE). En el caso de esta Comunidad, la Resolución precisa que se han encontrado «deficiencias» en ayudas al desarrollo rural y en la liquidación de las cuentas de 2012. La partida de 1,35 millones reclamada a la Administración General se debe al abono de ayudas a beneficiarios no productores de azúcar.

La Región de Murcia tiene que hacer frente a una corrección de 282.039 euros (más los intereses de deuda generados). Parte de la deuda se debe a «debilidades encontradas» en áreas como el régimen de pago único de la campaña 2013, donde se detectaron «pagos a beneficiarios que no figuraban como titulares de derechos».

Por su parte, Cataluña ha contraído una deuda de 2,19 millones de euros, aunque esta ya ha sido solventada al haberse abonado el importe; y la Comunidad Valenciana,  de 4,36 millones de euros,  que también ha sido extinguida porque se pagó.

Según la Resolución, cabe recurso contencioso-administrativo contra estos acuerdos ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.

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