La Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE) ha elaborado un estudio donde analiza la situación demográfica actual y propone posibles soluciones para «retener y atraer» población en las zonas más castigadas por la despoblación.
Uno de los puntos que recoge el documento es que que no existe una correlación clara entre incentivos fiscales y la creación de empleo en las zonas rurales y, en su lugar, defiende una mejora en servicios e infraestructuras, así como rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social para luchar contra la despoblación.
Para elaborar este trabajo, la CEOE ha analizado las políticas de incentivos fiscales que se aplican en el conjunto del país para frenar la despoblación del medio rural, que son generalizadas con la excepción de solo dos autonomías -Madrid y Murcia- y que colocan a La Rioja y Galicia como las más incentivadoras.
En el caso de Aragón, existe una deducción del 5% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por adquisición o rehabilitación de primera vivienda en municipios menores de 3.000 habitantes sujeta a límites de renta y a menores de 36 años.
Asimismo, se aplican deducciones en el IRPF entre 100 y 300 euros por nacimiento o adopción del primer y segundo hijo en municipios con menos de 10.000 habitantes y otra en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por arrendamiento de fincas rústicas con una renta anual que no supere los 9.000 euros.
Según el presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, estas medidas tienen un efecto «muy reducido» por el escaso número de posibles destinatarios y ha considerado que hay margen para eliminar los límites de edad y renta, así como ampliar las bonificaciones a explotaciones agrarias y ganaderas en el medio rural.
¿Qué soluciones plantea la CEOE?
El estudio plantea el coste y el impacto en distintos escenarios y destaca la propuesta de rebajar en 10 puntos porcentuales las cotizaciones sociales que pagan las empresas a la Seguridad Social.
En ese escenario, aplicado al territorio incluido en la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) -que en España comprende las provincias de Teruel, Soria y Cuenca-, la medida costaría 271 millones de euros y supondría un impacto positivo en el PIB de 213 millones, un retorno fiscal de casi 64 millones y la creación de 3.235 empleos.
También recoge la necesidad de no apostar únicamente por el sector primario y la agroalimentación, e incluir también industrias como la tecnológica por su capacidad para crear valor añadido, así como medidas que no suponen coste para las arcas públicas como la simplificación burocrática o la aprobación de una legislación diferenciada para las zonas rurales.
Asimismo, ha reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta que el coste de las escuelas, los consultorios médicos o el mantenimiento de las carreteras es mucho más elevado el comunidades del interior como Aragón.
 ha elaborado un estudio donde analiza la situación demográfica actual y propone posibles soluciones para "retener y atraer" población en las zonas más castigadas por la despoblación.){kind=link}