El Gobierno ha defendido la aplicación de la cláusula de salvaguardia para impedir una entrada masiva de arroz del exterior en condiciones preferenciales, pero ha reconocido la complejidad de activarla porque la solicitud debe estar suficientemente justificada.
Así lo ha señalado en el Congreso de los Diputados en una respuesta por escrito ante una pregunta del Diputado de Compromís, Joan Baldovi.
Según ha informado el Ejecutivo central, apoyarían el inicio de una investigación de cláusula de salvaguardia si el sector presentase una petición justificada en la forma y contenido prevista en el Reglamento 978/2012.
No obstante, ha apuntado que no es fácil llevarlo a cabo. Para la aplicación de una cláusula de salvaguardia no basta con indicar que se ha producido un aumento de las importaciones de países EBA (Everything but Arms, Todo Menos las Armas) sino que «hay que demostrar con datos fehacientes que a nivel comunitario se ha producido un deterioro en la situación económica o financiera de los productores de la Unión Europea, y dicha petición deberá presentarse ante la Comisión Europea».
En este sentido, ha señalado que es «prácticamente imposible» que el Gobierno español pueda presentar una solicitud suficientemente justificada porque más del 50% del sector productor-transformador del arroz de la UE está situado en Italia y no disponen de la información necesaria requerida a nivel comunitario.
Petición a la CE
Por último, ha añadido que el Gobierno es consciente de la situación del sector arrocero europeo y español, y ha recordado que «una prueba de ello» es la petición que le hicieron los países productores a la Comisión Europea el 17 de julio de 2017.
España, Bulgaria, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, Rumanía y Francia reclamaron una mayor protección para este cultivo frente al incremento de las importaciones procedentes de países terceros, así como la activación de la cláusula de salvaguardia para impedir una entrada masiva de arroz del exterior en condiciones preferenciales.
