El sector hortofrutícola de COAG Andalucía ha mantenido una reunión con la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, para conocer la línea de trabajo de la AICA y compartir los problemas que se detectan a pie de campo, con el objetivo conjunto de buscar soluciones para mejorar la situación de los agricultores y ganaderos.
La reunión, en la que participaron representantes del sector hortofrutícola de las diferentes provincias andaluzas, permitió analizar las dificultades que sufren los productores. Ante estos problemas, quedó claro que es fundamental establecer una relación de colaboración continua entre la organización agraria y la Agencia para poder mejorar la defensa de los productores en la cadena.
Gema Hernández ha explicado que la AICA se crea a través de la Ley de 12/2013, de 2 de agosto, de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que además genera el marco normativo de funcionamiento de la cadena y el régimen sancionador aplicable. El objetivo de la AICA es mejorar el funcionamiento de la cadena, protegiendo especialmente al sector primario, y para ello se facilita al productor la posibilidad de denunciar a la AICA cualquier mala práctica comercial detectada. COAG Andalucía se ha ofrecido a canalizar las denuncias de abusos para proteger a los productores y evitar que el miedo a represalias les impida dar a conocer los abusos.
COAG Andalucía se ha ofrecido a canalizar las denuncias de abusos para proteger a los productores
Además, Hernández explicó que la AICA desarrolla unos planes de control anuales que les permiten anticiparse a las inspecciones sin necesidad de recibir denuncias.
Uno de los temas más sensibles es la obligatoriedad de establecer contratos por escrito entre el productor y el comprador, donde debe recogerse como mínimo la identificación de las partes, el objeto (producto concreto) y el precio (ya sea determinado o bien determinable en función de referencias acordadas no manipulables). Este contrato debe formalizarse antes de la entrega del producto y además se establece un plazo máximo de pago de 30 días tras la entrega del producto, lo que no se cumple en la mayoría de los casos, según expusieron los representantes del sector.
De hecho, según explicaron los responsables de COAG, actualmente esos contratos brillan por su ausencia y casi siempre los aportan los compradores, por lo que las cláusulas no son consensuadas y dejan en una posición de indefensión a agricultores y ganaderos. Desde COAG, se ha destacado la posición dominante de los compradores, que deja sin poder de negociación a los productores. Esta es una de las principales cuestiones que se debe mejorar, con la colaboración de la AICA, por lo que se ha acordado trabajar conjuntamente para ofrecer mayor información sobre los derechos de los productores y sobre las posibilidades de denunciar prácticas abusivas de forma anónima.
Además, se ha consensuado que COAG facilitará a sus afiliados los contratos tipo que propone la AICA (actualmente, lo hay para cítricos pero no es obligatorio usarlo) y contratos homologados para que los productores sean quienes los impongan en la relación de compra.
Otros aspectos que se abordaron en la reunión fueron las relaciones con los mercas, en las que se necesita mayor regulación; la venta a pérdidas; la publicación de precios de referencia por parte de organismos privados y las importaciones con información engañosa (productos provenientes de un país tercero y almacenado en España que se etiqueta como español en los lineales). También se incidió en la diferenciación de la calidad de frutas y hortalizas (todo lo que se vende al consumidor final es primera, mientras que al agricultor le compran género de segundas categorías)
Por último, se abordó un tema muy importante, que es la cada vez más frecuente imposición de proveedores, es decir, que las cadenas obligan a los productores a que sean determinadas empresas, con las que tienen connivencia, las que les presten los servicios de suministros, transportes, etc. (los intermediarios empezaron imponiendo la empresa de certificación de productos y actualmente se obliga a asumir a los proveedores de envoltorios, cajas, e incluso transportistas, que en muchas ocasiones triplican el coste, lo que repercute directamente en la rentabilidad para el agricultor).
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