La organización agraria COAG ha denunciado que la negativa del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a las ayudas al arranque de viñedos pone en riesgo de abandono a más de 95.000 hectáreas de viñedo, el 10% del total del viñedo en España.
A través de un comunicado, COAG ha mostrado la «sorpresa e indignación» del sector vitícola de COAG ante las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en las que descarta ayudas estatales para el arranque de viñedo, sin abrir un proceso de diálogo previo con las organizaciones agrarias representativas para negociar medidas que limiten el potencial productivo ante la crisis de mercado a nivel mundial. El “No” de Planas pone en riesgo de abandono a más de 95.000 hectáreas de viñedo, el 10% del total ( 950.000 hectáreas de viñedo en España).
COAG indica que «l pasado 12 de septiembre, ASAJA, COAG y UPA, remitimos al Ministerio de Agricultura un documento consensuado de medidas para salvaguardar el futuro de los viticultores españoles, medidas que cuentan con el respaldo del conjunto de los integrantes de la Interprofesional del Vino de España. Las medidas van orientadas a limitar la producción para evitar la sobreoferta y adecuar la producción a la demanda. “No ha habido respuesta y nos encontramos estas declaraciones a la prensa sin diálogo previo para marcar la postura española en Bruselas. Planas ha dinamitado la negociación antes de iniciarla en un momento en el que se está negociando con la Comisión Europea un paquete de medidas específico. De hecho, Francia ya ha iniciado un programa para arrancar 30.000 hectáreas, (5% superficie), para lo que la UE le ha autorizado a disponer ayudas estatales por valor de 120 millones, (4.000 euros por hectárea)”, ha precisado, Joaquín Vizcaino, responsable del sector vitivinícola de COAG.
Entre las medidas, que ya han sido remitidas al resto administraciones e instituciones autonómicas y europeos que deben trabajar por el futuro del sector del vino, destaca la propuesta de establecer una ayuda financiera al arranque de viñedo, independiente de su posterior replantación o arranque definitivo. “No se trata de un arranque masivo. Queremos que sea una medida quirúrgica en determinadas zonas, especialmente en aquellas con serios problemas en las variedades tintas cuya demanda ha caído de forma significativa en los últimos años por un cambio en las tendencias de consumo”, ha subrayado Vizcaino.
Asimismo, se propone que después de un período mínimo de tres años y en un plazo máximo de seis años, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo a una ayuda financiera. El agricultor, si así lo decide, podría aprovechar productivamente la superficie objeto de arranque. Si un viticultor arranca de manera temporal y no produce en esa tierra, cobraría anualmente un porcentaje de los ingresos medios de la zona de las últimas tres campañas, hasta que decida replantar o arranque definitivo.
Tras el periodo máximo de 6 años, las OPA proponen que, si el agricultor decide no replantar, se le asigne una compensación económica definitiva. Esta compensación podría sufragarse con fondos de la UE, de la Intervención Sectorial Vitivinícola que no se hayan ejecutado o de los Estados Miembros. ASAJA, COAG y UPA proponen también limitar los potenciales productivos de los viñedos.
COAG también han pedido a la Comisión Europea la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación para tres años: 2025, 2026 y 2027. Creen que una medida de este tipo pondría en pausa el aumento del viñedo europeo, evaluaría la evolución del mercado y daría un tiempo a los Estados y a los productores para replantearse sus estrategias nacionales.
En este sentido, Vizcaino ha remarcado que la medida del arranque, como la reestructuración en diferido, se deben entender como medidas de control productivo en momentos de cambio estructural en el consumo como los actuales, cuya norma ha de estar preparada, para su posible desencadenante en caso de ser necesario. “No son medidas aisladas, van incluidas en el paquete en el que proponemos otras flexibilidades, como el aumento de 3 a 8 años en la caducidad de las Autorizaciones de plantación para que el productor no tenga prisa por plantar por perderlas, o flexibilidades en las ayudas de promoción en terceros países. En definitiva, un conjunto de medidas que nos permitan adaptarnos a los cambios de mercado actuales y futuros”, ha apostillado el responsable de COAG.
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