La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (Comagri) ha aprobado por 27 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención su posición sobre el reglamento principal de la reforma de la PAC, el relativo a los planes estratégicos, que incluye también el nuevo régimen de pagos directos y las medidas de desarrollo rural.
Los eurodiputados agrícolas plantean, en primer lugar, que la entrada en vigor del nuevo modelo de aplicación de la PAC y de los planes estratégicos se aplace hasta el año 2022, con el fin de que tanto productores como administraciones dispongan de un período de adaptación.
El texto adoptado incluye, por otro lado, los «grandes números» de ese texto. Recoge, por ejemplo, que al menos el 60% del dinero destinado a ayudas directas en cada Estado miembro debería ser para el pago básico y, dentro de él, un 5% para el pago redistributivo. Asimismo, al menos el 20% de los fondos deberían destinarse a los nuevos eco-programas voluntarios y un mínimo del 2% debería ir al pago complementario a los jóvenes. En el marco de la política de desarrollo rural, los eurodiputados agrícolas defienden que al menos un 30% de los fondos vayan destinados a medidas relacionadas con el medio ambiente y el clima.
Techo por explotación
En lo que respecta a la propuesta de fijar un techo de ayudas por explotación, el texto adoptado por la Comagri plantea que se fije en 100.000 euros, aunque deduciendo el 50% de los salarios (incluidas las tasas y contribuciones sociales). No obstante, sugiere que los países que destinen más del 10% de su sobre de ayudas directas al pago redistributivo puedan decidir no fijar un techo de ayudas por explotación.
Agricultor activo
La figura del agricultor activo (o agricultor genuino, como lo llama la Comisión Europea en su propuesta) deben definirla los Estados miembros de forma que no se concedan ayudas a los productores cuya actividad agraria represente una parte insignificante de sus actividades económicas. Tal definición, añaden los eurodiputados, debería preservar el modelo de agricultura familiar europeo. Podrían excluirse de las ayudas las empresas que lleven a cabo la transformación a gran escala de productos agrarios. No se considerarán como tales empresas a las agrupaciones de agricultores.
Por otro lado, los eurodiputados agrícolas quieren que los Estados miembros adopten medidas específicas para fomentar la inclusión de la mujer en las economías rurales y que destinen fondos de desarrollo rural con ese fin. También han respaldado la propuesta de la Comisión de que los Estados miembros establezcan, obligatoriamente, servicios de asesoramiento a los agricultores.
En lo que respecta a la aproximación del importe de las ayudas dentro de cada Estado miembro (la llamada convergencia interna), la Comagri considera que todas las ayudas por hectárea deberían situarse al menos en el 75% de la ayuda media para el año 2024 y en el 100% para 2027.
La ponente de este texto, la eurodiputada española Esther Herranz, ha subrayado que la Comagri «ha insistido en que se mantenga el presupuesto de la PAC en su nivel actual y yo espero que los gobiernos de la UE apoyen nuestro llamamiento al mantenimiento de una PAC fuerte».
El proyecto adoptado por la Comagri debe votarse en el pleno del Parlamento Europeo. Sin embargo, tendrá que hacerlo el que salga de las elecciones de mayo, ya que no hay tiempo para su tramitación en la actual legislatura.
 ha adoptado su posición sobre la reforma de la PAC. Plantea aplazar la entrada en vigor de los planes estratégicos hasta 2022.){kind=link}