La Comisión Europea (CE) ha propuesto este viernes, 22 de marzo, elevar los aranceles a las importaciones de cereales rusos y bielorrusos como el trigo, el maíz, la cebada y el mijo hasta los 95 euros por tonelada, con el objetivo de evitar que Moscú utilice los ingresos de esas ventas para financiar la guerra contra Ucrania.
El Ejecutivo comunitario presentó hoy una propuesta que ya adelantó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa el jueves.
Además del arancel de 95 euros por tonelada para cereales, Bruselas planteó un segundo arancel del 50% que se aplicará a oleaginosas y aceites vegetales. Según fuentes comunitarias, en la actualidad el arancel es cero para las importaciones rusas de maíz, oleaginosas y del trigo de alta calidad, que se utiliza para consumo humano.
Establecer el arancel de 95 euros por tonelada a los cereales supondrá un incremento en el precio de entre el 45% y el 50%
Esas fuentes informaban que a todas las importaciones rusas y bielorrusas de los productos afectados por la medida hoy anunciada se les aplicaba hasta ahora o un arancel cero o uno muy bajo por lo que establecer el arancel de 95 euros por tonelada a los cereales supondrá un incremento en el precio de entre el 45% y el 50%.
Bruselas precisó que los aranceles propuestos hoy son «suficientemente altos para suprimir» las importaciones de Rusia y Bielorrusia a la Unión Europea, pero no afectarán a las exportaciones de Moscú y Minsk a terceros países. Por tanto, las mercancías rusas y bielorrusas que transiten por el club comunitario y tengan como destino final un país no perteneciente a la UE no se verán afectadas por estas medidas.
La CE señaló que con los nuevos aranceles pretende evitar la desestabilización del mercado de la Unión «mediante cualquier futura reorientación significativa de productos de cereales rusos hacia el mercado» comunitario, así como hacer frente a las exportaciones rusas de cereal producido en Ucrania y del que Moscú se ha apropiado «ilegalmente».
Las medidas arancelarias tendrán que ser adoptadas por el Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, por mayoría cualificada. Una vez adoptadas, se aplicarán de manera inmediata.
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