La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 80,6 millones de euros a ocho empresas lácteas y dos asociaciones del sector por su conducta en contra de los derechos de los ganaderos entre los años 2000 y 2013.
Las sancionadas son la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica).
Según el organismo, la conducta ilícita consistía en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche, todo ello con el fin de consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca. Además, añade la CNMC, en determinados momentos se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales.
Como consecuencia de ese intercambio de información (que incluía también los precios que se ofrecerían en el futuro a los ganaderos, su identidad y los volúmenes adquiridos, así como la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo), los productores carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores.
Los acuerdos, subraya la CNMC, agravaron la situación en un mercado ya de por sí concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, estaban obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea.
Un procedimiento que data de 2015
El procedimiento de la CNMC se inició a raíz de una denuncia presentada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y de un estudio sobre el sector lácteo del Servicio de Defensa de la Competencia de Castilla y León. Las correspondientes investigaciones dieron lugar en 2015 a la imposición de multas a nueve empresas lácteas y dos asociaciones del sector por prácticas anticompetitivas. Sin embargo, la Audiencia Nacional las anuló por defectos de forma. La CNMC reanudó el procedimiento que ha derivado en esta nueva sanción.
Las multas más importantes son las impuestas a CAPSA (21,8 millones de euros), Danone (20,2 millones), Lactalis (11,7 millones) e Industrias Lácteas Granada (10,2 millones de euros).
También habrían participado en esas prácticas Industrias Lácteas Asturianas, Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, pero su infracción ha prescrito.
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