Este viernes, 11 de octubre, se han concentrado los agricultores ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León en Valladolid para denunciar la crisis económica del sector productor de cereales. Convocados por las organizaciones agrarias de la región ASAJA y la Alianza UPA-COAG.
Bajo el lema «Costes, importaciones y especulación arruinan nuestra producción» los manifestantes han querido denunciar esta situación del sector debido al elevado coste de los factores de producción (fertilizantes, semillas, fitosanitarios o energía). También se debe, según las organizaciones, a un «mercado devaluado por el efecto de importaciones masivas de cereal ucranio, así como por la especulación de operadores que utilizan éstas para bajar los precios a las producciones locales sin que, por el contrario, los ganaderos estén observando ningún abaratamiento en los piensos».
En la protesta se han derramado varios sacos de trigo para subrayar «el sinsentido de que hoy un saco de abono valga más que lo que nos pagan por tres de trigo», ha denunciado el presidente de ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo.
ASAJA y la Alianza-UPA COAG han recordado que el sector cerealista lleva ya varias campañas consecutivas de números rojos, «bien a causa de bajas cosechas por la sequía, bien por los disparados costes de producción, por el hundimiento de los precios o por la combinación de varias de ellas».
Se trata, a juicio de las organizaciones agrarias, de una «situación sostenida de pérdidas que está repercutiendo ya en un descenso de las siembras, que seguirá ampliándose esta campaña si los agricultores no reciben signos claros de que el cereal tiene futuro, para lo que es imprescindible medidas concretas de apoyo por parte de los responsables políticos».
Reivindicaciones
Entre las reivindicaciones del sector agrario, las organizaciones quieren que se recupere el principio de preferencia comunitaria frente a las importaciones sin control que no cumplen las normas comunitarias, y la regulación del mercado para lograr unos ingresos justos para los agricultores.
También demandan que se vigilen las actuaciones de los operadores de cereales y que se les obligue a cumplir con la Ley de Cadena Alimentaria; que el Gobierno español comunique a la Comisión Europea los desajustes y perturbaciones del mercado interior de cereales como consecuencia de los convenios especiales que la UE firmó en apoyo a Ucrania tras la invasión rusa; y un plan de ayudas excepcional para los cerealistas de zonas concretas del sur del Duero y del noroeste de la región.
Por último, reclaman un Plan de Choque, con implicación de los Ministerios de Agricultura, Economía y Hacienda, para establecer medidas fiscales específicas y de vigilancia de los oligopolios que controlan los insumos del sector agrario, para evitar la especulación de precios y los costes injustificadamente elevados para los agricultores.
