El Congreso aprueba la reforma de la Ley del Patrimonio Natural e «indulta» algunas especies invasoras

Cabra Arruí, una de las especies catalogadas como invasoras

El Congreso aprobó este jueves, 28 de junio, de forma definitiva, la reforma de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad e «indultar» a algunas especies invasoras que tienen un importante interés económico para el sector cinegético o piscícola.

Con el nuevo texto, algunas especies, como el lucio, la carpa, la trucha arco iris, el cangrejo rojo o la cabra arruí (todas ellas catalogadas como “invasoras”) podrán beneficiarse de algunas excepciones.

Hay que recordar que fue el Ejecutivo del PP el que impulsó esta reforma con la intención de hacer compatible la protección del medio ambiente y la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola.

Para ello, planteó (y así lo recoge el texto reformado) compatibilizar la lucha contra las especies exóticas invasoras con el aprovechamiento de algunas para la caza y la pesca en zonas que, al estar ocupadas por esas especies desde hace muchos años, su presencia no suponga un problema ambiental.

La Cámara baja votó a favor de las enmiendas, en su mayor parte de carácter técnico, que se han incorporado en el Senado a esta proposición de Ley.

Apoyaron el texto los diputados del PP, Ciudadanos, el PDCat, el PNV y Foro Asturias, cuyos portavoces coincidieron al destacar los beneficios económicos, sociales y culturales de muchas de las especies consideradas “exóticas” en muchas zonas rurales desde hace décadas y el elevado número de empleos y rentas ligados a ellas.

En contra de la reforma, votaron el PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromis, que denunciaron ante el pleno del Congreso que se primen los intereses económicos de algunos sectores privados en detrimento del patrimonio natural, y recordaron que la invasión de especies exóticas es la segunda causa de la destrucción de la biodiversidad en el mundo.

Reacciones

La diputada Teresa de Lara (PP) advirtió de los efectos negativos que en muchas zonas rurales tendría restringir la caza o pesca de algunas especies y la nula incidencia ambiental de éstas, y defendió que la sostenibilidad sobre la que tiene que sustentar el desarrollo tiene que atender criterios ambientales, pero también económicos y sociales.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Garaulet (Ciudadanos) señaló que la reforma palía la descoordinación entre Administraciones y la inseguridad jurídica que, a su juicio, existía en el sector cinegético.

Por otro lado, el portavoz socialista Gonzalo Palacín aseguró que la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2007) ya preveía mecanismos de gestión para determinadas especies invasoras y criticó que la reforma promovida por el anterior Gobierno “abre la puerta” a la entrada de especies invasoras con el consiguiente riesgo para las especies autóctonas y para los ecosistemas.

El diputado Juan López de Uralde (Unidos Podemos) denunció que se primen intereses económicos y privados “a corto plazo” frente a la protección del patrimonio natural. Por último, Enric Bataller (Compromis) recordó que la ley de 2007 fue “un hito” en la protección y conservación de la biodiversidad y ahora ha quedado “desnaturalizada” y no será útil para proteger el medio natural.

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