El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley sobre las medidas para paliar los efectos de la sequía -que modifica la Ley de Aguas-, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El texto contempla exenciones en las tasas de riego para los afectados por la falta de agua en el sector, cambios en la facturación de las tarifas eléctricas o moratorias en el pago de las cuotas que abona el el agricultor a la Seguridad Social.
Además, recoge otras medidas como el aumento de recursos de agua desalinizada para garantizar el abastecimiento de las poblaciones afectadas por la sequía en la demarcación hidrográfica del Segura, o la exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica correspondientes al ejercicio de 2017 y 2018 a las fincas, viviendas o explotaciones de titularidad de agricultores y ganaderos afectados por la sequía en las zonas de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y de la provincia de Almería.
El texto final incorpora enmiendas del Senado, entre las que destaca una reducción de las peonadas o jornales (pasan de 35 a 20) exigidos en Andalucía o Extremadura para el cobro del subsidio agraria.
Reacciones de otros grupos
Según el diputado del Partido Popular (PP) Juan Vicente Pérez Aras, tras su paso por el Senado, la Ley incluirá aclaraciones para facilitar el anticipo del 70% de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Además ha apuntado que esta Ley plantea el establecimiento de un «fondo público del agua» y la dotación de «más competencias legislativas» en algunos ámbitos.
Por su parte, José Juan Díaz Trillo, del Partido Socialista (PSOE) ha apuntado que en el caso de las peonadas para el subsidio agrario hubiera sido preferible su eliminación, pero «más vale 20 que 35, aunque la media llegue tarde y mal».
En Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Pedro Arrojo, ha criticado que se haya rechazo un trato diferenciado a las explotaciones vulnerables y que no hayan salido adelante actuaciones para evitar la especulación hídrica o la sobreexplotación de acuíferos.
Miguel Ángel Garaulet, de Ciudadanos, se ha referido al «tasazo» de 120 euros/hectárea que deben pagar los regantes del sureste por infraestructuras de trasvases «sin recibir una gota».
Por último, Ignasi Candela (Compromís, Grupo Mixto) ha lamentado que se «esté apretando las tuercas» al agricultor.
