El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética y ha respaldado la nueva normativa sobre gobernanza energética, que obliga a los países a elaborar planes nacionales cada diez años.
De acuerdo a los nuevos objetivos, la eficiencia energética del conjunto del bloque comunitario tendrá que haber mejorado un 32,5% al término de la próxima década, mientras que la energía procedente de fuentes renovables tendrá que representar el 32% del consumo bruto total. Ambas metas serán revisadas en 2023, pero sólo podrán actualizarse para elevar el objetivo y no para reducirlo.
Los eurodiputados han alcanzando un acuerdo con los Estados miembros sobre estas tres nuevas normativas europeas, que forman parte del paquete «Energía Limpia para todos los europeos», propuesto por la Comisión Europea en noviembre de 2016.
Ahora es el turno del Consejo de la UE, que tienen que aprobar estas normativas para que posteriormente se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). La normativa sobre gobernanza se empezará a aplicar veinte días después de dicha publicación, mientras que los países dispondrán de un plazo de 18 meses para transponer las nuevas disposiciones.
Una respuesta contra el cambio climático
El eurodiputado del PSOE y responsable del informe del Parlamento Europeo sobre renovables, José Blanco, ha asegurado que «Europa está dando respuestas a la altura del desafío del cambio climático«. Además, ha destacado que la directiva «pone a Europa en la senda del cumplimiento del Acuerdo de París«.
La directiva sobre renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red.
También impide aplicar cargos al autoconsumo, como el famoso ‘impuesto al Sol’ en España, aunque esta prohibición solo se extenderá hasta diciembre de 2026. A partir de entonces, los Estados miembros podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas.
Asimismo, recoge que al menos el 14% del combustible usado para el transporte tendrá que proceder de fuentes renovables en 2030 y los biocarburantes de primera generación con alto riesgo de «cambio indirecto en el uso de la tierra» no se tendrán en cuenta para los objetivos de uso de renovables a partir de ese año.
En cuanto a las futuras normas sobre gobernanza, estas obligarán a los Estados miembros a diseñar una estrategia energética y climática con objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para el 31 de diciembre de 2019 y cada diez años desde esa fecha.
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