La Comisión Europea ha presentado un paquete de propuestas para mejorar la calidad del agua y del aire. Los proyectos en cuestión, enmarcados en el objetivo de «contaminación cero» de aquí al año 2050 contemplado en el Pacto Verde Europeo, plantean la revisión de la lista de contaminantes de las aguas subterráneas y de las aguas de superficie, de la directiva sobre tratamiento de aguas urbanas residuales y de la legislación sobre la calidad del aire.
La que más afecta al sector agrario es la primera de ellas, que plantea actualizar la lista de contaminantes del agua que deben controlarse de forma más estricta, entre ellos algunos pesticidas, como el glifosato. La normativa actual recoge una lista de 53 sustancias contaminantes para las que establece determinados valores; en el caso de las aguas de superficie se trata principalmente de fitosanitarios, productos químicos industriales y metales mientras que en las aguas subterráneas son, sobre todo, nitratos y sustancias activas presentes en los pesticidas. Sin embargo, Bruselas considera que esa lista está incompleta y también que deben revisarse las normas de algunas de las sustancias que sí están incluidas.
Los Estados miembros deberán adoptar medidas para reducir la presencia de los contaminantes contemplados en la disposición
Por otro lado, las nuevas reglas reconocen el efecto acumulado o combinado de las mezclas, con lo que se dejaría atrás la visión actual que se centra en el impacto de cada sustancia por separado. Además, la propuesta tiene en cuenta las variaciones estacionales en la cantidad de contaminación, como ocurre con los fitosanitarios utilizados por los agricultores en determinadas fases de los cultivos.
Los Estados miembros deberán adoptar medidas para reducir la presencia de los contaminantes contemplados en la disposición, lo que significa, según la Comisión Europea, que tendrán que ampliar sus programas de vigilancia y adoptar medidas, entre ellas el establecimiento de reglas para la aplicación de los pesticidas por parte de los agricultores.
La Comisión subraya que las ventajas de la aplicación de las nuevas reglas son muy superiores a los costes: el gasto en sanidad y en el tratamiento de las aguas serán más bajos y los ecosistemas estarán más sanos.
