¿Los países de la UE siguen un criterio único en los controles de las importaciones?

El martes 9 de octubre se aprobó en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso una proposición no de Ley relativa a aumentar los controles de las fronteras. Su portavoz, Josefa González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista, advirtió de que actualmente «no hay un control exhaustivo» de las importaciones en todos los países.

A su juicio, «es importante para los agricultores españoles tener una frontera fiable y segura» y que todas las actuaciones que se lleven a cabo en la Unión Europea cumplan con los mismos criterios en virtud del mercado único.

No obstante, «seguimos viendo casos concretos como Italia y Alemania en los cuales importaban productos de terceros países que no respetaban los límites máximos de residuos».

Durante su intervención en la Comisión, defendió que el sector se ha ido adaptando a todas las exigencias de la Unión Europea y por ello, reclama que «todos los productos que entren en la eurozona tengan los mismos requisitos que tienen los nuestros, los europeos».

En 2017 el sector agrario importó en 50.000 millones de euros, con una balanza comercial positiva de 12.000 millones, lo que convierte a España en el octavo país mundial agroalimentario.

Iniciativa socialista

Tras aprobar la iniciativa socialista, el Congreso de los Diputados pedirá al Gobierno que continúe con las políticas de control de las fronteras españolas, con herramientas que controlen la entrada de frutas y hortalizas de terceros países; que insista ante la Unión Europea en fortalecer el control de las fronteras, para que todas las producciones que procedan de países extracomunitarios respeten la legislación medioambiental y de sanidad vegetal, y que venga reflejado en el etiquetado el origen.

Por último, instará al Gobierno a que plantee en el proceso de negociación de los siguientes acuerdos comerciales y en la reforma de la Política Agraria Común (PAC), la necesidad de incorporar en los Tratados de Comercio el principio de reciprocidad entre las normas y estándares de calidad, sanidad, sociales y ambientales.

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